La Defensoría del Pueblo de Río Negro rechazó el aumento del 48,98% solicitado por la empresa Aguas Rionegrinas S.A. en el contexto de la Revisión Tarifaria Extraordinaria. El organismo consideró que la propuesta no cumple con los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia exigidos para un servicio público esencial como el agua potable y el saneamiento.
La concesionaria había argumentado que la adecuación tarifaria era necesaria para restablecer el equilibrio económico-financiero de la prestación. Sin embargo, desde la Defensoría se señaló que la solicitud carece de una justificación técnica integral y no acredita mejoras verificables en la calidad o continuidad del servicio.
La defensora del pueblo, Adriana Santagati, subrayó que “toda decisión tarifaria debe ser analizada bajo una perspectiva de derechos, priorizando la protección de los usuarios por sobre consideraciones meramente económicas”.
En ese sentido, recordó que el acceso al agua potable y al saneamiento está reconocido como un derecho humano incorporado al ordenamiento constitucional argentino a través del bloque de constitucionalidad federal (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).
El organismo también advirtió que las familias rionegrinas atraviesan una situación de fragilidad económica que les impide absorber aumentos desproporcionados. Además, cuestionó que la empresa no haya demostrado que el incremento de costos se traduzca en mejoras reales ni haya acreditado el cumplimiento de inversiones previas comprometidas.
Asimismo, Santagati exhortó al Departamento Provincial de Aguas, autoridad de aplicación, a desestimar el pedido de aumento y a garantizar esquemas graduales, tarifas sociales y la prohibición de cortes por motivos económicos.
El rechazo se fundamenta en tres puntos centrales: el golpe al bolsillo de los usuarios, la falta de justificación técnica y la exigencia de protección de un derecho humano esencial. Con esta postura, el organismo busca resguardar la economía de las familias y asegurar que cualquier decisión tarifaria se adopte bajo criterios de equidad y transparencia.
