El legislador provincial Juan Murillo del bloque PRO denunció que fue increpado por dirigentes de UnTER pocas horas después de la sesión en la que la Legislatura de Río Negro aprobó la reforma del IPROSS que habilita a los trabajadores estatales a elegir otra cobertura médica. El episodio ocurrió en una estación de servicio YPF ubicada en el acceso a Viedma, donde el parlamentario se encontraba cargando combustible tras abandonar el recinto.
Según relató el propio Murillo, fue rodeado por integrantes del gremio docente, quienes lo insultaron y cuestionaron su voto favorable a la iniciativa impulsada por el oficialismo. Entre los reproches, se escucharon consignas como “cobarde”, “caradura” y acusaciones vinculadas con el futuro de la obra social provincial. “Votaste para que nos quedemos sin obra social”, le reclamaban durante el cruce.
El legislador afirmó que fue “rodeado, insultado y patoteado” por dirigentes sindicales. También vinculó el episodio con el paro docente de 48 horas que lleva adelante UnTER y aseguró que continuará defendiendo su postura respecto de la educación y las políticas impulsadas por el Gobierno provincial.
El hecho se produjo en un clima de fuerte confrontación generado por la aprobación de la reforma del IPROSS, una de las iniciativas más debatidas de la sesión. La norma elimina la afiliación obligatoria a la obra social estatal y permite que los empleados públicos puedan optar por otra cobertura de salud, una medida que recibió cuestionamientos de sectores gremiales y de parte de la oposición.
Tras conocerse lo ocurrido, el bloque Juntos Somos Río Negro expresó su solidaridad con Murillo y repudió las agresiones. Desde la bancada señalaron que los mismos dirigentes habían protagonizado insultos desde las bandejas del recinto durante la sesión y cuestionaron que esa modalidad de protesta continuara fuera del ámbito legislativo.
El episodio también motivó un pronunciamiento del gobernador Alberto Weretilneck, quien repudió los agravios registrados durante la sesión legislativa y el hostigamiento denunciado posteriormente por Murillo.
“La patota y el escrache son inadmisibles en la Argentina de hoy”, afirmó el mandatario, que calificó estas conductas como antidemocráticas. Además, cuestionó que dirigentes sindicales hayan trasladado fuera de la Legislatura los cruces ocurridos durante el debate por la reforma del IPROSS y sostuvo que ninguna diferencia política o gremial justifica la intimidación hacia representantes elegidos por el voto popular.
Weretilneck también consideró especialmente grave que este tipo de acciones provengan de quienes tienen responsabilidades vinculadas a la educación y remarcó que enseñar también implica dar ejemplo de respeto y convivencia democrática.
