La reforma del IPROSS impulsada por el Poder Ejecutivo avanzó en reunión plenaria de comisiones, donde se emitió dictamen favorable por mayoría. La iniciativa propone sustituir la afiliación obligatoria por un régimen voluntario u optativo en la Ley 2753, alcanzando a trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y municipal.
Durante el debate se incorporaron modificaciones técnicas al texto original. Entre ellas, se estableció que quienes opten por salir del instituto deberán permanecer al menos 12 meses en la nueva entidad, y podrán solicitar su regreso al sistema estatal tras 36 meses, sin sufrir períodos de carencia. Además, se excluyó del derecho de opción a cargos electivos, políticos, magistrados y funcionariado judicial.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR) expuso sus objeciones ante los legisladores. Su secretario general, Marco Calarco, sostuvo que el problema central de la obra social radica en su financiamiento y funcionamiento, más que en la obligatoriedad del servicio. Asimismo, reclamó transparencia mediante informes detallados sobre la administración de recursos y las deudas que mantienen municipios y poderes del Estado.
La UnTER, que definió un paro y movilización para el 24 y 25 de septiembre en defensa del IPROSS, reiteró su rechazo a la reforma y advirtió que la discusión debe centrarse en fortalecer la obra social y mejorar sus prestaciones, no en facilitar la salida de afiliados. El gremio docente insistió en que el instituto es una conquista de los trabajadores estatales y debe ser protegido de cualquier intento de desfinanciamiento.
En cuanto a los posicionamientos legislativos, referentes como Juan Martin (PRO) solicitaron 48 horas de reserva para analizar el dictamen, cuestionando la celeridad del trámite y la falta de consenso para una segunda vuelta. Otros bloques, como Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, también pidieron más tiempo para definir sus posiciones.
La discusión continuará en el recinto de la Legislatura, donde se espera un debate intenso con la participación de gremios y sectores sociales que ya adelantaron su rechazo a la iniciativa.
