El Poder Judicial de Río Negro podría enfrentar un cambio profundo en sus reglas de funcionamiento. El bloque Vamos con Todos presentó un proyecto para modificar la Constitución provincial y establecer mandatos de diez años para los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), jueces de instancias inferiores y funcionarios del Ministerio Público. La propuesta apunta a terminar con la permanencia indefinida en los cargos y establecer mecanismos de evaluación y renovación.
La iniciativa fue impulsada por el presidente de la bancada, José Luis Berros, quien considera que la estructura judicial necesita controles periódicos, una discusión que promete incomodar a una institución cuyos integrantes no están sujetos a mandatos electorales.
En qué consiste el proyecto que busca limitar a 10 años los mandatos de los jueces
El proyecto propone modificar los artículos 204, 211 y 217 de la Constitución. Para los cinco integrantes del STJ —Liliana Piccinini, Cecilia Criado, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Sergio Ceci— plantea períodos de diez años sin posibilidad de repetir en el cargo. Algunos de los actuales vocales llevan más de una década en el máximo tribunal.
Para los jueces y juezas de instancias inferiores, en cambio, se establecerían períodos de igual duración, pero con una evaluación del Consejo de la Magistratura un año antes de finalizar el mandato. Si no obtienen la validación, deberán dejar el cargo y se convocará a un nuevo concurso. El mismo esquema alcanzaría a fiscales, defensores y otros integrantes del Ministerio Público, mientras que el Procurador General tampoco podría ser reelecto consecutivamente.
La iniciativa aparece en un momento de fuerte tensión entre sectores políticos y el máximo tribunal de la provincia. Berros y otros nueve legisladores de Vamos con Todos y Cambia Río Negro denunciaron ante la Sala Acusadora de Juicio Político a Piccinini, Criado, Apcarian y Ceci, además del juez subrogante Adrián Zimmermann, por presunto mal desempeño. El cuestionamiento se originó en la decisión del STJ de anular la sentencia del Tribunal de Impugnación que había confirmado la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso en una causa por peculado. El máximo tribunal ordenó que otros jueces analicen si los hechos pueden encuadrarse como malversación de caudales públicos.
En los fundamentos, Berros advierte que el sistema actual quedó desactualizado frente a las demandas de la sociedad y plantea que la periodicidad de los mandatos permitiría una renovación saludable del Poder Judicial. Como antecedentes menciona las reformas implementadas en La Rioja y Salta, donde se establecieron períodos para los integrantes de los máximos tribunales. También recordó que había presentado una iniciativa similar en 2024, aunque no consiguió tratamiento parlamentario.
La discusión, sin embargo, no se limita a la duración de los cargos: el desafío será encontrar un equilibrio entre la evaluación de los magistrados y la independencia que necesitan para resolver sin presiones políticas.
La reforma deberá superar un camino complejo. Por tratarse de una enmienda constitucional, necesita el respaldo de los dos tercios de los integrantes de la Legislatura y luego la ratificación popular mediante un referéndum. La Constitución establece que para que esa consulta sea válida los votos emitidos deben superar el 50% de los electores inscriptos en el padrón provincial.
