El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió que el juez Matías Lafuente, del fuero Contencioso Administrativo de Roca, deberá analizar el pedido de Marcelo Román para anular el procedimiento de revocatoria que amenaza su continuidad en la Intendencia de Allen. El máximo tribunal no frenó la iniciativa ni convalidó su legalidad: definió quién deberá resolver una disputa que llega a los tribunales mientras los impulsores anunciaron que reunieron las 4.579 firmas necesarias para avanzar hacia un referéndum popular.
La resolución del STJ, conocida públicamente hoy, le pone nombre y apellido al próximo capítulo judicial de la crisis institucional de Allen. La discusión quedará ahora en manos de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa 15 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Lafuente, que deberá tramitar el expediente y examinar los cuestionamientos planteados por el intendente.
El fallo no representa una victoria definitiva para ninguna de las partes. El máximo tribunal entendió que Román eligió una vía procesal que no correspondía para discutir la validez de las decisiones del Concejo Deliberante. Por eso, en lugar de resolver el fondo de la pelea, remitió el caso al fuero especializado que deberá determinar si existen motivos jurídicos para anular las actuaciones.
Román quiere voltear el procedimiento desde el arranque
El intendente presentó su acción el 23 de septiembre, cuando cuestionó que el Concejo Deliberante hubiera dado curso al mecanismo de revocatoria sin que, según su interpretación, estuviera cumplido el requisito del artículo 99 de la Carta Orgánica Municipal. Esa norma exige, de acuerdo con el planteo, el aval del 10% del electorado para poner en marcha el procedimiento.
Pero el reclamo de Román no se limita al número de adhesiones. También sostiene que las decisiones fueron adoptadas por un órgano que no tenía competencia para hacerlo y reclama la nulidad de las actuaciones, incluidas las resoluciones que habilitaron la continuidad del trámite y la apertura de los libros de firmas.
En concreto, pretende que la Justicia examine la legalidad de las resoluciones 043/2026, 049/2026 y 051/2026. Si el juez Lafuente encuentra fundamentos para hacer lugar a la impugnación, la discusión podría tener consecuencias sobre el procedimiento que busca someter la continuidad del intendente a la decisión de los vecinos. Si rechaza el planteo, Román tendrá que continuar su disputa por las vías procesales que correspondan.
Por ahora, ninguna de esas alternativas está resuelta. El STJ no declaró ilegales las resoluciones del Concejo, pero tampoco las confirmó. La pelota quedó en el escritorio del juez contencioso administrativo.
Las firmas avanzaron mientras la pelea seguía en los tribunales
La decisión judicial se conoce en el momento más delicado para el jefe comunal. El miércoles 7 de octubre se informó que los impulsores de la revocatoria habían alcanzado las 4.579 adhesiones requeridas, equivalentes al 20% del padrón utilizado como referencia para el mecanismo.
El número representa un paso decisivo para la iniciativa, pero no significa que Román haya perdido la Intendencia. Las adhesiones todavía deben atravesar los controles correspondientes y el referéndum requiere completar las etapas institucionales necesarias. Es decir, la revocatoria avanzó, pero la salida del intendente no está consumada.
La paradoja es que, mientras el intendente busca que la Justicia invalide el procedimiento desde su origen, los promotores de la iniciativa sostienen que ya alcanzaron el respaldo ciudadano necesario para llevar la discusión a las urnas. Una disputa que empezó con resoluciones del Concejo Deliberante se juega ahora en dos frentes: los tribunales y el mecanismo de participación popular.
Román ya ganó, pero la pelea no está resuelta
La historia reciente explica por qué cada movimiento judicial tiene tanta repercusión en Allen. En agosto, el STJ anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, mediante las cuales el Concejo había dispuesto la suspensión preventiva de Román sin goce de sueldo. El máximo tribunal entendió que la formulación de cargos en una causa penal no podía equipararse automáticamente al procesamiento previsto en la Carta Orgánica para justificar el apartamiento.
Ese fallo permitió que el intendente regresara al Ejecutivo municipal y significó un revés para el camino elegido por el Concejo para suspenderlo. Sin embargo, aquella sentencia trató una controversia diferente: las atribuciones del cuerpo legislativo para apartar preventivamente al jefe comunal.
Ahora la discusión es otra. El juez Lafuente deberá analizar si el procedimiento de revocatoria se inició y continuó conforme a las reglas municipales, a partir de los argumentos que presentó Román. El antecedente de agosto no determina automáticamente el resultado de este nuevo expediente.
Por eso, el próximo pronunciamiento del fuero Contencioso Administrativo puede convertirse en una pieza clave de la crisis. Si el planteo prospera, podría abrirse una nueva discusión sobre la continuidad del mecanismo; si no prospera, la revocatoria podrá seguir su curso, siempre que se cumplan los demás requisitos legales e institucionales.
Allen vuelve así a quedar pendiente de una decisión judicial. El STJ ya estableció quién debe estudiar el reclamo, pero todavía falta lo más importante: saber si el intendente consigue invalidar el procedimiento que amenaza su continuidad o si la pelea termina trasladándose a las urnas.
