La colocación de rejas alrededor del monumento a Julio Argentino Roca desató una polémica política en San Carlos de Bariloche. La concejal Roxana Ferreyra presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo municipal explique quién autorizó la intervención, si obtuvo los permisos correspondientes y bajo qué condiciones aceptó el financiamiento de un particular para instalar el vallado.
Autorización y fondos necesarios
Ferreyra advirtió que el Centro Cívico está bajo la tutela permanente de la Comisión Nacional de Monumentos y que cualquier intervención requiere su autorización. Además, recordó que la ordenanza 2148 establece mecanismos de preservación del patrimonio histórico y contempla la intervención de un equipo técnico que debe emitir dictamen sobre estas modificaciones.
Pero el dinero utilizado también quedó bajo la lupa. La concejal aseguró que el municipio aceptó el financiamiento de un privado para colocar las rejas y cuestionó que una decisión sobre un espacio público tan sensible se tomara sin buscar consensos. "Vivimos en una ciudad intercultural y el tema del monumento a Roca es sensible", planteó.
La concejal también cuestionó el impacto visual de la estructura y consideró que modificó por completo una de las postales tradicionales de Bariloche. Aclaró que su reclamo no tiene una motivación ideológica y sostuvo que la vandalización del monumento debe abordarse desde la educación y la cultura, no solamente mediante barreras físicas.
Ahora, el Ejecutivo municipal deberá responder si gestionó las autorizaciones nacionales, si obtuvo el dictamen técnico correspondiente y quién aportó los recursos para instalar el vallado. Una reja terminó abriendo una discusión mucho más profunda sobre el patrimonio público, los controles institucionales y las decisiones del gobierno local.
