La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que reclama que la Río Negro y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) regularicen la situación previsional de los docentes y den respuesta a las demoras que afectan el acceso a las jubilaciones.
La presentación judicial fue realizada por el Consejo Directivo luego de denunciar incumplimientos vinculados al Convenio PREV-11-69/21, firmado en 2021 entre la Provincia y ANSES. Según sostuvo la organización gremial, ese acuerdo establecía el compromiso de evitar el pago de sumas salariales sin los correspondientes aportes y contribuciones a la seguridad social.
Desde UnTER señalaron que la continuidad de conceptos no remunerativos en los salarios agravó la deuda previsional y generó dificultades que hoy impactan en los trabajadores que inician sus trámites jubilatorios. El gremio aseguró que más de 300 docentes atraviesan demoras o complicaciones vinculadas con esos procesos.
La organización también cuestionó que la solución implementada por el Consejo de Educación mediante la Resolución 5933/21 esté orientada únicamente a quienes se encuentran próximos a jubilarse. Para el sindicato, el problema afecta a todo el sistema docente porque se origina durante la vida laboral a partir de una estructura salarial que, según afirmó, mantiene una elevada proporción de sumas no remunerativas.
Reclamo por el salario y el IPROSS
Entre los argumentos expuestos, UnTER sostuvo que aproximadamente el 60% de los haberes docentes está compuesto por conceptos no remunerativos, mientras que el 40% restante tiene carácter remunerativo. Según el gremio, esta situación no solo impacta sobre las futuras jubilaciones, sino también sobre el financiamiento del IPROSS y la evolución de la carrera salarial.
Por ese motivo, la conducción sindical volvió a reclamar una convocatoria urgente a paritaria para discutir salario, régimen jubilatorio, funcionamiento de la obra social provincial, auditorías médicas, condiciones laborales y políticas educativas.
Desde el sindicato afirmaron que el Gobierno provincial debe asumir la responsabilidad por las dificultades que atraviesan los trabajadores al momento de acceder a la jubilación y garantizar que los costos derivados de la regularización previsional no recaigan sobre docentes activos ni futuros jubilados.
