El decreto que fija nuevos topes a los descuentos sobre los salarios de los empleados públicos generó una fuerte disputa entre los principales gremios estatales de Río Negro. Mientras ATE celebró la decisión del Gobierno provincial y la consideró un alivio para miles de trabajadores endeudados, UPCN cuestionó duramente la medida y reclamó su revisión.
La normativa firmada por el gobernador Alberto Weretilneck establece una reducción progresiva de las retenciones por préstamos, créditos y compromisos asumidos con bancos, financieras, mutuales y organizaciones gremiales. El límite será del 50% del salario en enero, bajará al 40% en febrero y quedará fijado en el 33% desde marzo.
Cuestionaron la medida
Desde UPCN calificaron la decisión como un "abuso de poder" y sostuvieron que fue adoptada sin instancias de diálogo con las organizaciones sindicales. El gremio afirmó que el Gobierno presenta la medida como una forma de proteger los salarios, pero advirtió que muchos trabajadores recurren a sistemas de financiamiento para cubrir gastos esenciales vinculados a alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas.
La organización encabezada por Juan Carlos Scalesi también cuestionó la falta de una mesa de negociación previa y aseguró que se enviaron distintos pedidos de reunión al Ministerio de Economía sin obtener respuestas.
Respaldo al decreto
La postura de ATE fue completamente diferente. El sindicato sostuvo que la medida responde a un reclamo que venía planteando desde hace tiempo ante el Ejecutivo provincial. El secretario gremial Romeo Aguiar consideró que el nuevo esquema permitirá aliviar la situación de trabajadores que actualmente destinan gran parte de sus ingresos al pago de deudas.
Desde la organización también plantearon la necesidad de avanzar en otras medidas complementarias, entre ellas la renegociación de pasivos vigentes y la fijación de topes para las tasas de interés aplicadas por entidades financieras y mutuales.
Según datos oficiales difundidos por el propio Gobierno provincial, cerca de 19.000 empleados estatales registran descuentos vinculados a préstamos y distintos compromisos financieros, una cifra que representa aproximadamente un tercio del personal del Poder Ejecutivo.
Con el decreto ya firmado, el debate ahora se concentra en el impacto real que tendrá la medida sobre los trabajadores endeudados y en la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de refinanciación que permitan reducir la carga financiera sin afectar el acceso al crédito.
