El caso de Ángel López vuelve a interpelar con crudeza a todo el sistema. La denuncia presentada por la Fundación Más Vida contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín no sólo apunta a responsabilidades individuales, sino que abre una discusión más amplia y profunda: qué ocurre cuando las doctrinas de época comienzan a condicionar el criterio profesional y terminan influyendo en decisiones que deberían estar guiadas exclusivamente por la evidencia y el resguardo del menor.
Ángel tenía cuatro años. Su historia, atravesada por el dolor, expone una cadena de decisiones que hoy están bajo la lupa. Las pericias de Leiva y Marín fueron determinantes para que la Justicia resolviera la revinculación con su madre, Mariela Altamirano, pese a los antecedentes de violencia que ya formaban parte del expediente. También se señala que se construyó una acusación falsa contra su padre, Luis López, que hoy es cuestionada. Si la investigación confirma irregularidades, no se trataría de una simple equivocación, sino de una preocupante desviación del rol profesional.
Aquí es donde la reflexión se vuelve ineludible. Existen corrientes que, en su aplicación más rígida, terminan priorizando automáticamente a la madre en conflictos de tenencia, incluso en contextos donde hay señales de alerta evidentes. No se trata de desconocer derechos, sino de advertir que ningún enfoque puede imponerse por encima del bienestar del niño. Cuando esto ocurre, el criterio se distorsiona y el riesgo aumenta.
Lo más inquietante es que comienzan a aparecer indicios de prácticas que van más allá del sesgo. Hay denuncias concretas sobre informes manipulados, conclusiones forzadas e incluso la posible construcción de pruebas que no se sostienen en la realidad. Si se comprueba que profesionales de la salud mental han incurrido en este tipo de conductas, el problema deja de ser técnico para transformarse en ético y, eventualmente, penal.
Neuquén tampoco está al margen de esta preocupación. En el Alto Valle, el Colegio de Psicólogos Zona Oeste sancionó al licenciado Claudio Marcelo Marín, de Cipolletti, tras comprobar que intentó influir en el relato de un niño de cinco años para perjudicar a su padre. La medida, que implicó la suspensión y la cancelación de su matrícula por tres años, se basó en conductas consideradas anti éticas y contrarias a la ley. Se determinó que existió una maniobra orientada a instalar una imagen negativa del progenitor, aun cuando la Justicia le había otorgado la tenencia.
A nivel nacional, también resuena lo ocurrido en Rosario, donde un grupo de abogados y padres denunció a tres psicólogas identificadas como P.B., N.A. y G.R.S. Según se expuso, habrían elaborado informes con denuncias de abuso sexual que nunca ocurrieron, con el objetivo de desvincular a los niños de sus padres. La gravedad de estos hechos, de confirmarse, no sólo compromete a quienes los protagonizan, sino que erosiona la confianza en todo el sistema.
Nada de esto puede ser leído como hechos aislados. Cuando se repiten patrones -priorización automática de un progenitor, descalificación del otro, informes cuestionados- es necesario encender las alarmas. La Justicia necesita pericias sólidas, independientes y éticamente irreprochables. Porque cuando quienes deben aportar claridad introducen distorsiones, el resultado puede ser devastador.
El desafío, entonces, es recuperar el equilibrio. Ni doctrinas de moda ni prejuicios deben condicionar decisiones que afectan vidas. La ética profesional no es un detalle accesorio: es la base sobre la que se construye la confianza. Y cuando esa base se resquebraja, los más expuestos son siempre los mismos. Los niños, que deberían ser protegidos por encima de cualquier otra consideración, terminan pagando el precio más alto.
