El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) presentó una apelación contra la medida cautelar que le ordenó regularizar pagos adeudados a prestadores vinculados al sistema de discapacidad. La decisión judicial había sido dictada luego de reclamos impulsados por instituciones y profesionales del sector.
Qué establecía la medida cautelar contra el PAMI
La medida cautelar obligaba a la obra social de jubilados y pensionados a garantizar la continuidad de los pagos para prestaciones destinadas a personas con discapacidad, en medio de denuncias por atrasos y dificultades financieras en distintos centros de atención.
Desde el organismo argumentaron que la resolución judicial genera interferencias sobre la gestión administrativa y sostuvieron que los pagos se encuentran sujetos a procesos de auditoría y control interno. Por ese motivo solicitaron que la medida sea revisada por una instancia superior.
El conflicto se desarrolla en un contexto de reclamos reiterados de entidades que trabajan con personas con discapacidad. Diversas organizaciones vienen advirtiendo sobre problemas para sostener servicios debido a demoras en la acreditación de pagos y actualización de aranceles. La medida cautelar había sido impulsada con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones mientras se resuelve el fondo de la cuestión judicial. Ahora será una instancia superior la que deberá analizar el planteo presentado por PAMI.
El caso mantiene expectativa entre instituciones, familias y profesionales vinculados al sector, que siguen de cerca la evolución judicial por el impacto que podría tener sobre la atención de miles de personas con discapacidad en todo el país.
