Los hechos de violencia en las escuelas secundarias de Roca, que trascendieron en als útlimas semanas, forman parte de una crisis que ya dejó de ser coyuntural para transformarse en un síntoma más de un sistema educativo desbordado. Lo que hace algunos años podía leerse como simples peleas entre estudiantes, hoy se traduce en amenazas con armas, agresiones físicas, viralizaciones violentas en redes sociales y un clima de tensión que paraliza a toda la comunidad escolar.
La violencia ya no se expresa solo en los pasillos escolares o con en el clásico "te esperó a la salida". Hoy se construye y se exhibe en redes sociales, donde se multiplican las amenazas, se planifican peleas y se exponen rivalidades como si fueran trofeos. El caso reciente en la ESRN 1 fue revelador: un estudiante y su familia fueron intimidados con publicaciones que anunciaban ataques. La fiscalía intervino, se ordenaron allanamientos, se secuesttraron armas y se reforzó la seguridad. La tensa calma llegó sólo a una institución.
Al mismo tiempo, en la ESRN 16, docentes elevaron una carta formal y denunciaron la falta de herramientas para intervenir en estos episodios. Desbordados y sin respuestas, sólo pueden aplicar un protocolo diseñado hace más de una década, pensados para una realidad completamente distinta, donde el impacto de las redes sociales todavía no condicionaba la vida, inclusive la escolar. En 2025, esas mismas normas resultan anacrónicas, insuficientes, ineficaces.
La espiral de agresividad no discrimina roles. Afecta a estudiantes, a docentes, a directivos, a familias. Nadie está exento. Hace unos días, Una docente fue agredida físicamente al intentar frenar un conflicto entre estudiantes y una persona ajena a la institución. Se tuvieron que suspender las clases en la ESRN 9 para evitar sucesos similares, proteger al personal y elaborar junto con el Ministerio de Educación el abordaje de esta sitaución.
La presión sobre los equipos directivos y docentes es cada vez más asfixiante. Las agresiones físicas, las amenazas reiteradas y el temor a represalias se convirtieron en parte del paisaje escolar. Y las respuestas que ofrece el Estado son, en el mejor de los casos, paliativos momentáneos. Desde el Ministerio de Educación se insiste en que la violencia debe abordarse desde una perspectiva de convivencia, y evitar medidas punitivistas. Los docentes se quejan porque no hay lineamientos claros y protección inmediata. En Cipolletti, también esta semana, un estudiante de menos de 16 años, ingresó con un revólver calibre 22. la fiscalía en este caso tampoco puede hacer demasiado, porque el menor de edad es no punible.
Mientras tanto, el trabajo diario se parece más a una contención de crisis permanente que a un proceso educativo. No hay acompañamiento real, no hay recursos nuevos y no hay un plan concreto. Solo docentes intentando resolver lo irresoluble con herramientas que ya no sirven. El sistema falla porque no solo no logra prevenir los episodios de violencia, tampoco ofrece contención posterior.
En este escenario, los policías en las puertas de las escuelas funcionan apenas como parches. Sirven para disipar el miedo del momento, pero no alcanzan para revertir un fenómeno mucho más complejo. El primer paso tiene que ser la decisión de dejar de mirar para otro lado. Porque si no se actúa con firmeza y planificación, las escuelas seguirán reflejando una sociedad cada vez más fracturada, más agresiva y más incapaz de cuidar a sus propias infancias y juventudes.