De nuevo sobre una justicia desviada e incompleta, y medios de comunicación funcionales al silencio cómplice. El próximo mes de agosto se cumplirán 4 años del momento en que de forma totalmente casual la sociedad neuquina conoció el hecho de corrupción política más grave y repudiable que conocemos. Hablamos de la “Estafa con Planes Sociales”.
Hemos compartido muchos espacios editoriales para marcar lo inexplicable de todo eso. Recordemos que lo que se hizo es desviar fondos públicos con una apariencia de asistencia social, que solo en una mínima porción iba a personas realmente necesitadas, mientras el resto iba a usos personales, partidarios electorales como se escuchó en el juicio realizado.
¿Se acuerdan? Allá por agosto de 2022 supimos que se liquidaba algo de $50.000 por persona beneficiada pero se le entregaba efectivamente menos de $10.000. Se apropiaban de más del 80% de los fondos públicos que decían destinar a los más necesitados. De lo más canalla que se pueda imaginar.
Durante la extensísima investigación, a medida que aparecía evidencia sobre nombres distintos a los que quería imputar la Fiscalía Penal, y dejar ahí la cadena de responsables, se nos habló de una investigación Planes Sociales 1, Planes Sociales 2, Planes Sociales 3. Se dijo que se investigaría más atrás de 2020, más arriba en las responsabilidades, a otras operatorias de ese mismo Ministerio de Desarrollo Social y a otros organismos de la estructura de gobierno sin cuya omisión y abstención no hubiera sido posible que este bochorno de corrupción existiera.
A medida que la causa avanzó, empezaron a aparecer los delincuentes “arrepentidos” que, por dar información útil a la Fiscalía Penal, lograron acordar penas supuestamente leves por esas imputaciones de asociación ilícita y defraudación. A todos les acordaron penas de prisión en suspenso y algunas reglas de conducta
Nada de eso ocurrió hasta ahora. Al inicio de la investigación en Desarrollo Social, con techo en un director de Planes Sociales, se dijo desde la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado que estábamos ante una maniobra organizada, preparada, controlada y con roles definidos. Se dijo que los hechos configuraban los delitos penales de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y agravada y por uso de tarjetas de débito.
A medida que la causa avanzó, empezaron a aparecer los delincuentes “arrepentidos” que, por dar información útil a la Fiscalía Penal, lograron acordar penas supuestamente leves por esas imputaciones de asociación ilícita y defraudación. A todos les acordaron penas de prisión en suspenso y algunas reglas de conducta. Es decir que a esos delincuentes que reconocieron su responsabilidad haber integrado una asociación ilícita y haber cometido delito de defraudación en juicio abreviado, les impusieron penas muy bajas sin riesgo de ir a prisión ni un día. Pero aceptaron lo que la Fiscalía imputaba de asociación ilícita. Vino el juicio luego, y la sentencia que dictaron los jueces Kees, Hermosilla y Guaita sorprendió a todos, porque descartó la figura de la asociación ilícita entre ese grupo de 12 personas, y consideró que los 9300 hechos de sustracción de fondos públicos fueron un delito único, pero que se extendió en el tiempo entre 2020 y 2022. Difícil entender.
Muchas voces se levantaron contra esa definición judicial del juicio que debía ser ejemplar y una inflexión en materia de corrupción política provincial. Se escuchó a uno de los jueces hablar de fondos para usos políticos del partido provincial en el gobierno hasta 2023. Se escuchó a figuras de primera línea del Gobierno Provincial actual manifestar que no se entendía como se descartaba calificar esa organización de roles entre directores, funcionarios y empleados como una auténtica asociación ilícita. Acabamos de escuchar en estos días, reflexiones de un dirigente político que tuvo a su cargo la conducción del Gobierno provincial hace muchos años, manifestando sorpresa por la ausencia de funcionarios de más alto rango y poder de decisión entre 2020 y 2022, e incluso antes. Y lo que todas esas voces reflejan, no es ni más ni menos lo que todos nosotros, la sociedad neuquina percibe y no alcanza a comprender de ninguna manera.
Se acaban de desarrollar en el Fuero Penal de la Justicia Provincial varios días de audiencias ante el Tribunal de Impugnación, porque la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado han cuestionado que no se declarara la figura de la asociación ilícita. El tema no es menor en absoluto porque con esa figura los delitos cometidos por los condenados se elevarían hasta 10 años como máximo. Mucho más del doble de las penas que han recibido, entre 3 años y 6 meses, y 6 años.
Recordemos también que las primeras manifestaciones de la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado luego de conocido el fallo del tribunal de juicio, no parecían muy convencidas de impugnar el rechazo de la asociación ilícita, pese a que en todos los acuerdos previos, que tuvieron condiciones “mejoradas” para los delincuentes arrepentidos, les hicieron asumir su participación en una “asociación ilícita” que aceptaron integrar. En editoriales anteriores nos hemos dedicado a marcar esta absurda contradicción por la que a los “arrepentidos” les terminará cabiendo una pena y condiciones superiores y más gravosas que a los condenados sin beneficio alguno.
Las primeras manifestaciones de la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado luego de conocido el fallo del tribunal de juicio, no parecían muy convencidas de impugnar el rechazo de la asociación ilícita, pese a que en todos los acuerdos previos, que tuvieron condiciones “mejoradas” para los delincuentes arrepentidos, les hicieron asumir su participación en una “asociación ilícita” que aceptaron integrar.
Es evidente, para cualquier ciudadano, que algo no está bien en eso por más complejo y sofisticado lenguaje que le quieran poner los abogados, funcionarios judiciales o jueces. No tiene explicación ni justificativo ¿Qué implica “asociación ilícita”? Implica que un grupo de personas (en este caso fueron como 20 por lo menos, y por supuesto sin considerar todos los que no están alcanzados en esta causa, los superiores al ministro Di Luca) se pusieron de acuerdo para hacer algo irregular, distribuyendo funciones y roles, de manera continua, para cometer delitos variados.
¿Y que fue esta maniobra señores jueces, fiscales y defensores? ¿Qué fue? Disfrácenla como quieran o puedan pero es claro que hubo grupo de personas, distribución de niveles y roles, distribución de beneficios que obtenían con conciencia de la ilicitud de lo que hacían y cometieron delitos de todo tipo. Desde la falsedad en los registros, la apropiación de fondos, los gastos con dinero que no era de ellos, la falsedad en las compras de bienes que se atribuyeron, y un largo etcétera.
Podrán discutir años si el caso tiene puntos de contacto con los criterios de otros tribunales, como se falló en el caso “Cristina Fernández” o en el caso “Milagro Salas”. Esto no es una clase de derecho penal, es la realidad de la corrupción neuquina organizada, ejecutada y cubierta por una línea política que estuvo en el gobierno provincial décadas.
El caso de la “Estafa con Planes Sociales” exhibe lo más oscuro de la política corrupta, lo que es capaz de hacer cuando es descubierta, tratando de manipular los hechos, las investigaciones, las sentencias, los recursos, las noticias publicadas. La explosión con muertos en la refinería NAO en Plaza Huincul parece terminar sin responsables penales. La explosión de la escuela de Aguada San Roque parece estar atravesando un momento de “veranito” para los condenados porque se les ha brindado un respiro para no empezar a cumplir las penas impuestas de prisión efectiva y habrá que ver qué decide ahora la Corte Suprema Nacional cuando el propio Tribunal Superior de Neuquén ha admitido que el fallo podría estar mal y tener defectos de arbitrariedad. La causa por la contaminación y fraude de Comarsa en plena zona urbana de la ciudad sin condenados. Esta causa perdida en el tiempo, aligerada con floja imputación y sin noticias de las prometidas investigaciones por “Planes Sociales 2”, “Planes Sociales 3”, y demás. Pero claro, luego nos ensordecen con discursos de independencia judicial y transparencia.
El caso de la “Estafa con Planes Sociales” exhibe lo más oscuro de la política corrupta, lo que es capaz de hacer cuando es descubierta, tratando de manipular los hechos, las investigaciones, las sentencias, los recursos, las noticias publicadas. La explosión con muertos en la refinería NAO en Plaza Huincul parece terminar sin responsables penales.
Se avecinan elecciones provinciales, y seguramente veremos momentos de aceleración, o de lentificación de causas y de instalaciones mediáticas de determinados nombres. Los que todos conocemos y continúan ocultos y escondidos. Parece ser queridos y leales amigos oyentes, que nada serio y confiable podemos esperar de las instancias judiciales ni en las investigaciones ni en las sentencias en ningún nivel. Las evidencias de estos casi cuatro años, así lo demuestran.
A cualquiera que piense distinto le ofrezco el micrófono y tiempo de aire necesario para que nos convenza de lo contrario como sociedad. El único y último bastión que nos queda es nuestra propia convicción, lo que sabemos el concepto que nos formamos, la actitud y criterio que decidimos asumir: no aceptemos historias falsas, no nos mantengamos pasivos ante la manipulación política, judicial y mediática de los malos comunicadores. No permitamos que nos dañen más como sociedad, como comunidad, como ciudadanos, como personas: escudémonos en nuestra dignidad, en nuestra capacidad para comprender y tomar decisiones, ahora y a futuro.
La justicia podrá no investigar. Los malos medios de comunicación podrán no difundir. Los malos dirigentes podrán no decir con sinceridad lo que piensan y renunciar a sus principios y deberes. Pero la sociedad no absuelve a los delincuentes que conoce ni olvida a los corruptos más allá de las oportunistas determinaciones que tome una mala justicia y comunique una mala prensa. No perdonemos y no olvidemos.
