El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobó proyectos por más de US$ 31.000 millones y se consolidó como una de las principales herramientas para captar inversiones de gran escala en Argentina. Sin embargo, un informe de Qualy Consultora advierte que el verdadero éxito del esquema dependerá de que ese capital genere desarrollo productivo en provincias como Neuquén y no se limite a incrementar las exportaciones.
El estudio señala que hasta el momento fueron aprobados 17 proyectos por US$ 31.192 millones, mientras otros 25 continúan en evaluación. Entre las iniciativas de mayor envergadura figuran el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), los proyectos de gas natural licuado (GNL), desarrollos de litio y minería de cobre, todos considerados estratégicos para aumentar la capacidad exportadora del país.
Para Neuquén, el RIGI tiene un papel central. El informe sostiene que la estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años fue un factor determinante para avanzar con inversiones vinculadas a Vaca Muerta, especialmente aquellas destinadas a ampliar la infraestructura necesaria para colocar petróleo y gas en los mercados internacionales.
Según las proyecciones de la consultora, los proyectos adheridos al régimen podrían generar exportaciones adicionales por unos US$ 13.000 millones anuales entre 2027 y 2030.
Una vez que todas las iniciativas entren en operación, ese aporte ascendería a cerca de US$ 35.000 millones por año, equivalente a un incremento del 32% respecto del promedio exportador registrado entre 2021 y 2025.
El informe también estima que las inversiones generarán cerca de 55.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de los proyectos. No obstante, aclara que gran parte de ese empleo será temporal e incluye puestos indirectos, por lo que el impacto permanente será considerablemente menor una vez concluidas las obras.
En materia fiscal, Qualy calcula que los beneficios otorgados por el RIGI implican un costo de alrededor de US$ 1.229 millones anuales, principalmente por la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%. Aun así, sostiene que el balance puede resultar favorable si se considera que muchas de esas inversiones difícilmente se hubieran concretado sin un régimen de incentivos.
El principal cuestionamiento del estudio apunta al limitado desarrollo de proveedores nacionales. A diferencia de otros países con industrias extractivas consolidadas, el RIGI no exige niveles mínimos de contenido local ni contempla políticas específicas para fortalecer las cadenas de valor regionales.
Para la consultora, esa ausencia incrementa el riesgo de que proyectos como los de Vaca Muerta generen un fuerte crecimiento de las exportaciones sin un impacto equivalente sobre la industria local, las pymes proveedoras y el empleo de calidad en las provincias productoras.
El informe también advierte que la estabilidad regulatoria por tres décadas y la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales reducen el margen de acción de futuros gobiernos para modificar aspectos tributarios, laborales o ambientales.
Pese a esos reparos, Qualy concluye que el RIGI constituye una herramienta necesaria para recuperar inversiones de gran escala y acelerar el desarrollo de sectores estratégicos como Vaca Muerta. Sin embargo, sostiene que el desafío ya no pasa únicamente por atraer capitales, sino por lograr que ese proceso se traduzca en un crecimiento sostenido de la industria, los proveedores locales y el agregado de valor en las regiones donde se desarrollan los proyectos.
