INFORME ESPECIAL

El extractivismo y la ambición china: los males contra la defensa de la soberanía boliviana

La fuerte inversión del gobierno asiático, la vulneración de diversos derechos humanos y el ataque a la biodiversidad representan las “piedras” angulares de la instalación de China en Latinoamérica. Los detalles sobre el segundo proyecto del informe exclusivo del CICDHA al que accedió Mejor informado.
viernes, 24 de junio de 2022 · 12:42

Lejos de representar una sanidad económica para los países latinoamericanos, la llegada de las inversiones chinas a cada una de ellas generó una complejidad sin precedentes. Si bien China tuvo un crecimiento anual sostenido del 6% en medio de la crisis de la burbuja financiera, la realidad indica que no solamente vulneró los derechos humanos de sus ciudadanos a costa de un crecimiento del PIB, sino que también emuló dicha fórmula en los demás países. Muestra de esto es la situación que vivieron los pobladores bolivianos cuando el gobierno presidido por Evo Morales impulsó los megaproyectos de Ivirizu, Sierra Grande Rositas y el Bala y el Chepete.

 

El primero de ellos implica la construcción de dos centrales hidroeléctricas (Sehuencas y Juntas) de 180 y 74 MW. También comprende la presa en construcción más grande de Bolivia que contribuirá a generar alrededor del 10% de la actual potencia instalada en el país. Son las obras más costosas adjudicadas por el Estado boliviano a una empresa china en este sector y es el proyecto de energía hidroeléctrica más costoso emprendido en Bolivia hasta el momento. En ese sentido, es la primera represa hidroeléctrica en construcción en un área protegida nacional del país. Las obras han afectado más de 280 hectáreas de bosque dentro del Parque Nacional Carrasco que es el hábitat de especies de flora y fauna en peligro de extinción. El proyecto Ivirizu impactará negativamente sobre el Parque Nacional Carrasco y el sistema de áreas protegidas de Bolivia, afectando a 18 comunidades campesinas. A raíz de eso, la población del departamento de Cochabamba será afectada por los impactos a largo plazo en el Parque Nacional Carrasco. La hidroeléctrica implica una afectación permanente al medio ambiente debido a la potencial extinción de flora y fauna endémica y a los efectos irreversibles en el ecosistema del corredor Villacamba-Amboro. La hidroeléctrica afectará a 18 comunidades ubicadas en los municipios de Pocona, Totora, Mizque, y al Parque Nacional Carrasco, lo que provocará consecuencias a futuro para la población del departamento de Cochabamba.

A la hora de hablar de los derechos atropellados por las empresas chinas en suelo boliviano, hubo vulneraciones al medio ambiente ya que el proyecto afectó a varias zonas ecológicas que se caracterizan por su elevada diversidad biológica. De hecho, se estima la existencia de más de 3.000 especies de plantas superiores de las cuales solo 614 fueron registradas. Entre las más notables aparecen los bosques de queñua, la huaycha, nogal, yuraj, pino de monte, coca silvestre, cedro, aliso, limachu, isigo colorado, bibosi, guitarrero y palo María. Además de eso existen más de 300 especies de orquídeas, de las cuales 50 son endémicas.

 

La deforestación de más de 280 hectáreas de bosque amenaza en particular a la fauna silvestre. En el área existen más de 382 especies que incluyen 52 de mamíferos superiores entre los que destacan el oso de anteojos, el venado andino, el jaguar y el gato andino (existen más de 700 especies de aves). La especie en peligro de extinción es la rana yuracaré, de la que existen tan solo cinco ejemplares. Por eso es enorme la riqueza en riesgo que, en las actividades de mitigación ambiental del proyecto, un grupo de biólogos encontró a una especie de ranas que se creía extinta. 

 

A raíz de esto y del ingreso ilegal de cultivadores de hoja de coca que puso en riesgo el equilibrio ecológico del Parque Nacional Carrasco, además de la estabilidad de las comunidades indígenas en la zona. En diciembre de 2020, más de 50 organizaciones de la sociedad civil boliviana han remitido una carta a la empresa Sinohydro, a la embajada de China en Bolivia, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, el Ministerio de Comercio de China en relación a la ausencia de salvaguardas ambientales en este proyecto, la misma comunicación fue remitida en Enero de 2021 y no hubo respuesta alguna.

 

Es necesario destacar que los megaproyectos desarrollados por Evo Morales tenían un tinte extractivista, generando enojos por la falta de cuidado de los recursos naturales y la escasa defensa de la soberanía nacional, ya que las empresas chinas se ubicaron en lugares estratégicos poniendo millones de dólares para que también beneficie y transforme a Bolivia en un país exportador de electricidad. Fuentes consultadas por El Archivo señalaron que hubo una movilización fuerte con respecto a ese tema, ya que el gobierno, a través de la empresa ENDE, intentaron llegar hasta los territorios para hablar con las comunidades originarias y campesinas, sin embargo hubo resistencia. Inclusive se presentó una denuncia en Cochabamba, luego se excusó ese juez que no tenía jurisdicción, lo transfirieron a Santa Cruz y lo derivaron al juzgado de Lagunilla. La denuncia era por vulneración al derecho de la consulta previa informada para la inclusión del proyecto. En ese sentido la situación se fue dilatando, aunque se radicó una denuncia al Tribunal Internacional de Derechos Humanos y la comunidad campesina y aborigen participó en eventos que se realizaron en La Paz, Cochabamba denunciando la vulneración de derechos que hizo el Gobierno. En ese punto, la política extractivista de Evo Morales accedió a la inversión del gobierno de China para explotar estos recursos naturales y que dejó en estado de indefensión a la biodiversidad y a los habitantes de esos territorios. Si bien el gobierno boliviano decidió paralizar dichas obras, se cree que podrían retomar el proyecto en cualquier momento y si así lo deciden. 

 

Aparte de la falta de consulta previa, reconocieron que tampoco hubo acercamiento con las empresas chinas que, en este caso, no les importó el cuidado del medio ambiente ni la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, desde las comunidades originarias decidieron retomar una reserva de biosfera que estuvieron a punto de conseguirlo, a través de los gobiernos municipales y alcaldías. Hubo un avance en que esta parte de donde se quiere construir el proyecto Rositas, se quiso declarar como reserva y se hizo todos los trámites en la Unesco pero el gobierno lo retiró. En lo que respecta a los derechos vulnerados, las empresas chinas en conjunto con el gobierno de Bolivia no tuvieron en cuenta que el proyecto afectará de manera indirecta a 6 áreas protegidas nacionales, un área protegida a nivel departamental y 14 áreas protegidas municipales. En esto, las más afectadas serán el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao; Área Natural de Manejo Integrado “Río Grande Valles Cruceños” y Área Protegida Municipal Parabanó.

 

Por otro lado, no se respetó el derecho a la información de comunidades afectadas, tal es así que las comunidades indígenas de Caaguazú presentaron demandas escritas y solicitudes de información sobre el proyecto a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y al Ministerio de Obras Públicas de Bolivia; al igual que una demanda de acción popular contra ENDE. No hubo respuestas formales por parte de ningún organismo ni mucho menos del Estado boliviano a la afectación ambiental y los riesgos de construir el megaproyecto Río Grande Rositas. En ese punto, también hubo vulneraciones al derecho a la consulta previa de pueblo indígena guaraní. Si bien, de acuerdo a las versiones gubernamentales aún no se ha materializado, se tomaron medidas legislativas y administrativas sin el consentimiento de las comunidades guaraníes. En mayo de 2018, autoridades jurisdiccionales rechazaron una Acción Popular presentada por Pueblos Indígenas guaraníes sin fundamentar la razón por la que rechazan la demanda. Por el contrario, ENDE firmó un convenio entre la organización central de los indígenas guaraníes sin tomar en cuenta a los representantes del pueblo Caaguazú, directamente afectado por el proyecto. Varios líderes de este pueblo han sido amenazados. También fueron amenazados otros defensores de derechos que apoyan a este pueblo indígena.

 


Otro megaproyecto hidroeléctrico que dio que hablar y es el más grande en Bolivia fue El Bala y El Chepete. El ministro de Hidrocarburos y Energía aseguró que dicho proyecto generaría 1.250 millones de dólares de ingresos anuales. Dicha cifra sería satisfactoria y representan más de la mitad de las exportaciones de hidrocarburos del año 2016.De acuerdo a sus fichas ambientales, el Chepete costaría 6.912 millones de dólares y El Bala 1.151 millones de dólares, lo que hace un total de 8.063 millones de dólares. Esta cifra es superior en un tercio a los 6.000 millones de dólares de inversión que anuncian las autoridades. Según la ficha ambiental los 8.063 millones de dólares no incluyen la línea de transmisión de más de 1.000 km hasta Cuiabá, que es donde se estaría pensando vender la electricidad. Es de señalar que existen diferencias en las cifras de generación, inversión y otras en las fichas ambientales y en el Estudio de Identificación realizado por Geodata.

 

En síntesis, el costo total de los dos componentes (Chepete y El Bala) más la línea de transmisión al Brasil, según las fichas ambientales, estaría por encima de los 9.000 millones de dólares.  Esta cifra es equivalente a casi una vez y media la deuda externa de Bolivia que alcanzó en 2016 la cifra de 6.884 millones de dólares. Asimismo, esta inversión bordea casi la totalidad de las reservas internacionales que en el 2016 bajaron a 10.081 millones de dólares.

 

En otras palabras sólo el Chepete y el Bala duplicaron la deuda externa de Bolivia en dicho año. Si a eso le añadimos Cachuela Esperanza, el complejo hidroeléctrico de Rio Grande y la binacional del río Madera estaríamos por encima de los 25.000 millones de dólares. Esto significa que tales proyectos se ubican cerca de  la actual deuda externa de Bolivia que superó los 26 millones de dólares, de acuerdo a lo que indica el Presupuesto General del Estado.

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