Informe expone el avance de China en la región: los riesgos para los derechos humanos y el ambiente

A partir de hoy mejorinformado.com publicará una serie de artículos analizando un exclusivo y reciente informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), en colaboración con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés). Se trata de una investigación sobre la presencia de China en actividades extractivas y de infraestructura a lo largo y ancho de Latinoamérica. Este documento busca contribuir a mejorar el desempeño social, ambiental y en materia de derechos humanos de las inversiones y financiamiento chino en el extranjero. Con ese propósito, se analiza el impacto de las actividades empresariales chinas sobre los derechos humanos de diversas comunidades latinoamericanas.

El CICDHA reúne a organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina con el objetivo de ejercer incidencia en pos de la incorporación de mecanismos efectivos que garanticen los derechos humanos, la transparencia, la participación, y la sostenibilidad ambiental en las inversiones y el financiamiento de proyectos que involucran a actores chinos.

 La presencia de China en la región

Durante la última década, la participación del gigante asiático en América Latina se ha acrecentado de manera vertiginosa. El canal principal de los flujos de financiamiento e inversiones es el Banco de Desarrollo de China, pero también se registra una participación activa de diversas compañías chinas. Los vínculos entre Pekín y la región se enmarcan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta -de la cual 21 países latinoamericanos ya forman parte- así como también en los Acuerdos de Cooperación y Planes de Acción Conjunta con China. Ambos esquemas están centrados tanto en la extracción y exportación de recursos naturales como en el desarrollo de obras de infraestructura energética y de transporte.

Recientemente, China ha incorporado las recomendaciones surgidas del Examen Periódico Universal promovido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). En particular, Pekín incorporó las recomendaciones de otros Estados en lo referido al desempeño social y ambiental de sus inversiones y financiamiento internacional. A su vez, el gobierno chino ha tomado medidas y promulgado regulaciones y directrices que apuntan a alinear el marco normativo local con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

No obstante, se evidencia la persistencia de diversas violaciones a los derechos humanos e impactos negativos sobre el medio ambiente en los proyectos e inversiones de China desarrollados en América Latina. Se han identificado vulneraciones al derecho a un medioambiente sano; la falta de incorporación del Consentimiento Previo Libre e Informado de los pueblos indígenas; la ausencia de diálogo entre las empresas chinas y las organizaciones sociales latinoamericanas; y una marcada falta de cumplimiento de la debida diligencia de los inversionistas chinos en sus proyectos radicados en la región.

Recomendaciones analizadas

En 2018, la República Popular de China se sometió al tercer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A partir de dicha evaluación, otros Gobiernos realizaron al menos 20 recomendaciones vinculadas a los derechos humanos y el medioambiente. El informe del CICDHA se enfoca en seis de estas recomendaciones referidas a empresas y derechos humanos. Éstas, comprenden:

1. Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructuras dentro y fuera de su territorio sean compatibles en su totalidad con los derechos humanos y respetuosos con el medioambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2. Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero.
3. Intensificar los esfuerzos, de conformidad con el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, para reducir los efectos ambientales adversos de la industrialización, incluida la contaminación atmosférica.
4. Adoptar nuevas medidas sobre las empresas y los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales y velar por que las empresas que operen en zonas de alto riesgo o en zonas de conflicto actúen con la diligencia debida en materia de derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos.
5. Establecer un marco regulatorio para evaluar el impacto en materia de derechos humanos y de medioambiente de las empresas con sede en China, con el fin de promover y respetar esos derechos.
6. Seguir aplicando las leyes y los reglamentos de China y normas como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos a las empresas chinas que realizan operaciones más allá de las fronteras nacionales.

Casos de estudio

El análisis del CICDHA se realiza sobre la base de 26 casos que corresponden a proyectos apoyados por 23 consorcios chinos y al menos 6 bancos chinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

De todos ellos, 12 proyectos corresponden al sector minero, 6 al hidroeléctrico, 3 a la explotación petrolera y 5 a otros sectores. Además, 23 de las iniciativas se desarrollan en ecosistemas frágiles, 18 de ellas afectan los derechos de pueblos indígenas, 14 están ubicadas en áreas naturales protegidas, 13 corresponden al Amazonas, y 4 están localizadas en áreas reconocidas como patrimonio natural y cultural por la UNESCO. 

Cabe mencionar que los estudios fueron realizados por una o varias organizaciones de la sociedad civil a partir de diversas fuentes, tales como estudios de impacto ambiental y/o denuncias y testimonios de organizaciones locales.

Conclusiones

El informe del CICDHA concluye que los casos analizados dan cuenta de una serie de patrones de abusos a los derechos humanos por parte de empresas con domicilio o bajo jurisdicción de China que operan en América Latina. En particular, se identificaron violaciones del derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al medioambiente; violaciones a los derechos de participación y consulta; violación del derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; violaciones al derecho a la vida, integridad y seguridad personas y reunión pacífica; violaciones a los derechos laborales y de asociación; y por último, violaciones al derecho a la salud en el contexto de la pandemia de Covid-19. Así, a partir de los estudios comprendidos en el documento, es posible afirmar que China no ha logrado cumplir con ninguna de las seis recomendaciones aceptadas de forma voluntaria en el marco del Examen Periódico Universal del año 2018.