Se trata de 142 millones de dólares, que ordenó pagar la magistrada Loretta Preska, en beneficio de los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.
Es la misma jueza federal de Nueva York que también había condenado a la Argentina a pagar US$16.100 millones por el trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la expropiación. Los beneficiarios del fallo intentaron proceder con los embargos, pero no lo lograron.
En la actualidad, Preska se pronunció en el expediente que sigue a solicitud de 12 fondos, entre los que sobresale Bybrook Capital, que a su vez son los que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.
Aun cuando en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, hubo otros que decidieron quedar al margen y seguir litigando.
Concretamente, en este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto.
De acuerdo a lo trascendido, fondos buitre como Bybrook Capital prefieren condenas que se dilaten en el tiempo porque al momento de pagar, la Argentina debe abonar el capital y los intereses del bono, pero estos últimos se actualizan con una tasa anual de 9% hasta tanto haya un fallo.
A partir del momento en que hay sentencia, como sucedió ahora, la tasa de interés pasa a ser la de los bonos del Tesoro de los EEUU a dos años, que ronda el 4%.
Ante esto, se indicó que, al no haber posibilidad de apelación, los demandantes tienen algunas alternativas, entre las que se cita la búsqueda de activos embargables de la Argentina en Estados Unidos como una forma de cobrar la sentencia.
Se estima que eso es lo más probable, ya que los fondos demandan al país por la expropiación de YPF y por el momento no tuvieron éxito.
Otra posibilidad sería la de esperar a que la Argentina les ofrezca alguna clase de acuerdo, teniendo en cuenta que la cifra es menor en comparación con todo el monto que cayó en default y que saldarlo le permitiría cerrar un frente judicial.