El Gobierno nacional dio un paso más en el desmantelamiento del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, que habilita los mecanismos para disolver el Fondo Fiduciario Público que lo sustentaba.
La medida se enmarca en lo establecido por el Decreto 1018/2024, firmado en noviembre pasado, que autorizó la disolución del programa en el marco de la Ley 27.742 de emergencia pública, con el objetivo declarado de “reducir el sobredimensionamiento del Estado, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
Entre los fundamentos, el Gobierno señala que el Procrear se había convertido en una "pesada carga fiscal" y que presentaba "dificultades de fiscalización y control". Se remarca además que la financiación de viviendas es una actividad que debería estar a cargo del sistema bancario, público o privado, sin justificación para la intervención estatal directa.
Según consta en los documentos oficiales, la Sindicación General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría que detectó una serie de irregularidades, entre ellas:
- Retrasos en la entrega de viviendas y locales.
- Incumplimientos de convenios (como con la UTN).
- Unidades entregadas sin condiciones adecuadas de habitabilidad.
- Falta de actualización de manuales de procedimiento.
- Falencias en la gestión, que fue calificada como “ni transparente, ni ágil, ni eficiente”.
¿Qué pasa con los créditos ya otorgados?
La gestión de los préstamos vigentes continuará bajo la administración del Banco Hipotecario S.A., a través de un contrato celebrado con el Ministerio de Economía. El banco operará bajo las mismas condiciones que regían desde el contrato original de 2012.
Asimismo, el Banco Hipotecario deberá transferir las cobranzas líquidas, descontando gastos y comisiones, a la Tesorería General de la Nación. También podrá vender carteras de crédito con bajo nivel de recuperación (menos del 40%), previa instrucción oficial.
En cuanto a los bienes del fondo, el Ministerio de Economía asumirá la responsabilidad de su disposición, administración y regularización. En algunos casos, podrán ser transferidos a gobiernos provinciales o municipales, o restituidos si los inmuebles fueron originalmente aportados por esas jurisdicciones.
Aquellos inmuebles que no estén afectados a obras activas serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Finalmente, todas las obligaciones financieras pendientes serán canceladas con los ingresos de las cobranzas o la venta de activos, y las causas judiciales que surjan del proceso serán atendidas por el área legal del Ministerio de Economía.