La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos con la difusión oficial de los contratos de coproducción entre la TV Pública y la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandío.
De acuerdo con datos de Radio y Televisión Argentina (RTA), se firmaron al menos seis acuerdos que incluyeron programas de entrevistas, contenidos digitales y un ciclo radial. Si bien desde el organismo aclararon que Grandío no figura como empleado en relación de dependencia, su empresa tuvo participación directa en producciones emitidas tanto por la TV Pública como por Radio Nacional.
Los contratos revelan un esquema repetido: la productora asumía todos los costos de producción —personal, equipamiento, derechos de autor y eventuales reclamos judiciales— y, a cambio, explotaba la publicidad hasta recuperar la inversión. Una vez cubiertos esos gastos, los ingresos se repartían con el Estado.
El primer acuerdo fue firmado en abril de 2024 durante la intervención de Diego Martín Chaher y correspondió al programa radial “La caja de Pandora”, emitido por AM 870. En ese caso, la productora pagó un canon fijo y se quedó con el 100% de la pauta publicitaria.
Meses después, bajo la gestión de Eduardo González, se avanzó con el ciclo de entrevistas “Giros en Línea Recta”, con distintas etapas y costos por episodio. El mismo formato se replicó en contratos posteriores, incluso ya durante la intervención de Carlos María Curci González.
Además, Imhouse amplió su presencia con contenidos digitales como “Enredados” y “La Sala”, emitidos en plataformas de streaming. En todos los casos, el riesgo económico inicial recaía en la productora, que luego accedía a los ingresos comerciales.
La difusión de estos contratos se da en paralelo al avance de la investigación judicial. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó medidas de prueba en una causa por presunta malversación de fondos, donde también aparece mencionado Grandío.
Entre las diligencias solicitadas figuran los registros migratorios desde 2023 y el análisis de posibles vínculos en viajes al exterior. La causa se originó tras un viaje a Punta del Este del entonces vocero presidencial en un vuelo privado y luego se amplió con nuevos elementos, incluyendo el testimonio de una persona que aseguró que el traslado habría sido pagado sin facturación.
En paralelo, otro expediente analiza transferencias de dinero desde Imhouse hacia Adorni por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, detectadas luego del levantamiento del secreto bancario.
Con estos elementos, la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en la relación entre el funcionario, el empresario y los contratos con medios públicos, en un expediente que sigue sumando pruebas y complejidad.
