La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un freno a los aumentos sin control de las empresas de medicina prepaga al declarar inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La resolución cuestiona la desregulación de los precios de los planes de salud y restablece la intervención estatal sobre los incrementos de las cuotas.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alcanza a los artículos 267 y 269 del decreto, que habían eliminado las facultades de control de la autoridad de aplicación. De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera la posibilidad de fiscalizar y autorizar los aumentos, que deberán justificarse de acuerdo con la estructura de costos de las empresas y un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
La decisión se originó en una demanda presentada por una afiliada que cuestionó los incrementos aplicados por su empresa de medicina prepaga luego de la entrada en vigencia del DNU. La Corte consideró que el Poder Ejecutivo no había fundamentado suficientemente las razones de urgencia que justificaban modificar mediante un decreto las atribuciones de control previstas en la Ley 26.682.
Uno de los puntos centrales es que el fallo no establece un congelamiento de las cuotas ni fija un límite automático de aumentos atado a la inflación. Las empresas podrán solicitar actualizaciones, pero deberán someterlas a los mecanismos de revisión y control correspondientes. Por lo tanto, los valores de los planes no quedarán necesariamente sujetos a la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En cuanto a los aumentos que los afiliados ya pagaron, la resolución tampoco dispone una devolución automática y generalizada. El pronunciamiento corresponde a un expediente particular, aunque podría sentar un precedente para otros reclamos judiciales que cuestionan los incrementos aplicados desde fines de 2023. Según las estimaciones difundidas, existen cientos de causas similares pendientes de resolución.
La decisión generó preocupación en el sector de la medicina privada, que advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y la incertidumbre respecto del esquema de actualización de las cuotas. Mientras se esperan definiciones sobre la aplicación del fallo, el pronunciamiento de la Corte vuelve a poner en discusión el alcance de la regulación estatal y el costo de los servicios de salud para millones de afiliados.