La diputada nacional Marcela Pagano denunció ante la Justicia a funcionarios del Gobierno por el destino de aproximadamente $4 billones del Tesoro Nacional y desató un fuerte enfrentamiento con el ministro de Economía, Luis Caputo. La controversia comenzó luego de una licitación de deuda y se centró en el destino de los fondos excedentes: mientras la legisladora cuestionó que hayan salido de la cuenta del Tesoro en el Banco Central, desde Economía aseguraron que fueron depositados en cuentas del Tesoro en bancos comerciales y que el movimiento tiene trazabilidad.
El origen de la denuncia estuvo en una conferencia de prensa del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Consultado sobre el destino del dinero, Bausili respondió que era una cuestión que correspondía al Tesoro y afirmó: “No creo que hayan desaparecido, puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”. Pagano tomó esa respuesta como un indicio de falta de transparencia y presentó una denuncia penal contra Caputo, Bausili y otros funcionarios de Hacienda, Finanzas y la Tesorería.
La legisladora sostiene que unos $4 billones fueron retirados del circuito de administración financiera habitual del Tesoro, cuya cuenta se encuentra radicada en el Banco Central. En su presentación judicial, pidió que se investiguen posibles delitos como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación por administración fraudulenta agravada y, de manera subsidiaria, peculado y malversación culposa.
Desde el Ministerio de Economía dieron una explicación diferente sobre el movimiento de los fondos. Según fuentes de la cartera, los excedentes obtenidos en las licitaciones de deuda ingresan al flujo de caja general del Tesoro y pueden utilizarse para afrontar obligaciones, financiar programas presupuestarios o reforzar la liquidez ante futuros vencimientos. En este caso, indicaron que el dinero fue depositado en cuentas del Tesoro en bancos comerciales para evitar que una inyección abrupta de liquidez provocara un aumento de las tasas de interés.
El planteo derivó en un enfrentamiento directo entre Pagano y Caputo en redes sociales. “La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, escribió la diputada. Caputo respondió: “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias”, y luego agregó: “Por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”.
Milei intervino y escaló el enfrentamiento
La disputa tomó una dimensión política mayor cuando Javier Milei intervino públicamente en respaldo de Caputo y Bausili. El Presidente cuestionó duramente a Pagano y publicó en redes sociales: “DESENMASCARANDO A MENTIROSA SERIAL. NO SORPRENDE LA BASURA QUE ES, YA QUE ES PERIODISTA”.
Pagano respondió con una serie de fuertes descalificaciones contra el Presidente. “Se ve que la pastillita combinada con el mango loco ya no te hace efecto. No solo resultaste ser un chorro y mitómano, sino que además como economista sos un gran panelista frustrado”, escribió la diputada, quien además recordó que Milei había participado anteriormente de sus programas periodísticos.
La legisladora continuó con sus cuestionamientos y afirmó que Milei “fundió” a 300.000 pymes, además de acusarlo de haber “hambreado a la clase media” y de ser “un esbirro barato de la casta”. También apuntó contra Karina Milei: “Ya ni tu hermana te puede contener, el poder te enfermó y develó quién realmente eras; tus delirios son un peligro para la Nación”.
El intercambio terminó con una nueva referencia de Pagano al manejo de los fondos públicos. “Por suerte para la Argentina —que tanto desprecias—, la verdad está quedando revelada y eso marca tu desesperación y tus baños fríos matinales… A todo esto, no contestaste: ¿y el oro dónde está? ¿Y los 4 mil palos?”, cerró.
Más allá del enfrentamiento personal, el punto central de la controversia quedó planteado en torno al destino y la trazabilidad de los aproximadamente $4 billones obtenidos en la última licitación de deuda. La causa quedó ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si los movimientos cuestionados constituyen una irregularidad penal o si se encuadran dentro de la operatoria habitual de administración del Tesoro.
