La Libertad Avanza consiguió este miércoles dictamen de mayoría para su nuevo proyecto sobre el sistema de Discapacidad, luego de modificar la propuesta que había generado cuestionamientos por los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. El oficialismo reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
La nueva iniciativa fue acompañada por diputados del PRO, la UCR, el MID, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, entre otros bloques. El proyecto busca reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, por un régimen de carácter permanente.
Durante el plenario, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado presentó la iniciativa como una alternativa permanente al esquema de emergencia. Según explicó, el objetivo es mantener derechos establecidos en la normativa vigente, pero incorporarlos a un régimen estable y con partidas presupuestarias específicas.
Uno de los cambios centrales es la continuidad del nomenclador universal y de la homogeneidad de los aranceles para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El proyecto también contempla que esos valores continúen actualizándose de acuerdo con el mecanismo establecido por la normativa vigente.
La propuesta mantiene además la pensión no contributiva por discapacidad y establece la continuidad de la cobertura de salud para sus beneficiarios. A la vez, incorpora la posibilidad de compatibilizar la pensión con un trabajo registrado cuando los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Otro de los puntos incluidos es un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para conservar las pensiones. El proyecto contempla controles documentales y socioeconómicos mediante el cruce de información con bases de datos públicas.
El texto también establece que el derecho al cobro de las compensaciones adeudadas a los prestadores subsiste y que esos pagos deberán realizarse de acuerdo con un cronograma. Se trata de uno de los reclamos centrales de prestadores y organizaciones vinculadas al sistema.
El financiamiento constituye otro de los puntos incorporados al nuevo esquema. El proyecto establece que las partidas destinadas al sistema deberán ser específicas y suficientes y que no podrán resultar inferiores, en términos reales, a las correspondientes al ejercicio inmediato anterior.
El cambio de propuesta se produjo después de que el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno generara diferencias dentro del oficialismo y cuestionamientos de bloques opositores y organizaciones de personas con discapacidad. La nueva iniciativa modifica ese enfoque y recupera varios de los mecanismos previstos en la Ley de Emergencia 27.793.
Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron el procedimiento utilizado para avanzar con el nuevo texto. La diputada de Provincias Unidas María Inés Zigarán sostuvo que la iniciativa no había tenido el mismo tratamiento previo en comisión que otros expedientes y planteó que debía cumplir el recorrido parlamentario correspondiente.
En Unión por la Patria insistieron en la necesidad de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, en lugar de reemplazarla por una nueva ley permanente. El diputado Germán Martínez cuestionó el cambio de posición del oficialismo y reclamó extender el régimen actual.
También hubo críticas de la Coalición Cívica. El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó el cambio respecto de lo planteado en el Presupuesto 2027 y sostuvo que el Gobierno había incumplido durante el último año distintos aspectos de la legislación vigente. Se trata de una valoración política del legislador sobre la actuación oficial.
Con el dictamen de mayoría, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados. La discusión en el recinto deberá definir si la iniciativa consigue los votos necesarios para avanzar y, eventualmente, continuar su tratamiento en el Senado.
El debate se desarrolla además en paralelo con otras iniciativas que el Gobierno busca llevar adelante en el Congreso, entre ellas el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, en una etapa marcada por negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
