La Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum que el Gobierno había presentado para intervenir de forma directa en la disputa judicial por la reforma laboral, pero en Casa Rosada evitaron leerlo como un golpe político. En el Ejecutivo lo tomaron como "un buen gesto" y argumentaron que el planteo ya había perdido sentido.
La lógica oficial es la siguiente: cuando la Procuración del Tesoro presentó el recurso el 16 de abril, más de 80 artículos de la Ley 27.802 estaban suspendidos por una medida del juez laboral Raúl Ojeda. Pero después la Cámara del Trabajo le otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado y restableció la vigencia de la norma. Con la ley en pie otra vez, el per saltum perdió la urgencia que lo justificaba. "Ahora que está vigente, no tenía sentido que siga el planteo, pero tampoco íbamos a desestimarlo por un tema de formas", expresaron en el oficialismo.
Por qué la Corte declaró inadmisible el recurso
La Corte, por su parte, declaró el recurso "inadmisible" por considerar que no se cumplían los requisitos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, la vía excepcional que habilita el salto de instancia ante situaciones de notoria gravedad institucional. En términos concretos, cerró la posibilidad de una intervención inmediata y devolvió el expediente a su camino ordinario.
En Balcarce 50 valoraron que la resolución llegara rápido y aseguran que eso aporta "seguridad jurídica" a un expediente que venía cargado de cautelares, recusaciones y disputas de competencia. También celebraron que la causa quede radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia del Trabajo, algo que consideran "más consistente con la naturaleza del caso", ya que lo que está en discusión es la validez de una ley del Congreso.
La Sala IV de esa cámara ya había resuelto el 28 de abril que la causa debía tramitar en ese fuero y en mayo intimó al juzgado laboral a remitir el expediente en 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles, al considerar que el conflicto de competencia estaba definitivamente cerrado.
La postura de la CGT ante la reforma laboral
La CGT, en tanto, mantiene abierto el frente judicial y rechaza la lectura oficial. En el sindicalismo sostienen que el conflicto tiene que ver con derechos laborales concretos y cuestionan que la discusión salga del fuero laboral.
El próximo capítulo de la disputa se jugará en el contencioso administrativo, donde la Procuración del Tesoro —conducida por Sebastián Amerio— buscará sostener la vigencia de la reforma. La ley fue sancionada el 27 de febrero y publicada el 6 de marzo, y en los últimos días el Gobierno también avanzó con parte de su reglamentación junto a una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
