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Imputaron en Rosario a una partera de 88 años por la presunta supresión de identidad de una mujer

La mujer está acusada por un hecho ocurrido en 1970 en un hospital público. La investigación sostiene que habría certificado datos falsos sobre la filiación de una bebé. Buscan determinar cómo fueron alteradas las identidades y quiénes participaron.

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La partera de 88 años fue imputada en una investigación federal en Rosario.

Una partera de 88 años fue imputada en Rosario por la presunta supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. La investigación está a cargo de la fiscal federal Soledad García, de la Unidad Fiscal Rosario, y también contempla una acusación por falsedad ideológica de instrumento público. El caso se originó a partir de una denuncia presentada en abril de este año.

Según la investigación, cuando la acusada se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña, habría confeccionado un certificado de nacimiento con información falsa sobre los padres biológicos de una bebé. La niña fue inscripta en el Registro Civil con una filiación que, de acuerdo con la pesquisa, no se correspondía con su origen biológico.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer que comenzó a investigar su origen biológico.

La denunciante había comenzado a sospechar sobre su identidad y en 2012 solicitó un estudio de ADN a quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento. El resultado determinó que no existía vínculo biológico entre ambas. De acuerdo con su relato, años después su madre de crianza le habría confesado que había sido entregada a la familia mediante una maniobra en la que habría intervenido la partera conocida como “Dolly”.

La causa podría ampliarse, ya que la Fiscalía analiza otras cinco denuncias de personas que aseguran haber sufrido la supresión de su identidad. Una de ellas habría sido criada como hija de la propia imputada y se ordenó una extracción compulsiva de ADN para establecer si existe un vínculo biológico. La fiscalía investiga además si entre 1968 y 1980 se produjeron otras entregas de bebés a cambio de dinero.

La Fiscalía analiza otras cinco denuncias relacionadas con presuntas alteraciones de identidad.

Para la fiscal García, el caso excedería una irregularidad administrativa debido a las consecuencias que habría generado la utilización de documentación pública con datos falsos. La investigación busca determinar las responsabilidades penales correspondientes y reconstruir el origen de las personas que aseguran haber sido separadas de sus familias biológicas.

 

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