La Casa Rosada metió presión para tratar este mismo martes el avance del dictamen de comisión de la reforma electoral en el Senado. El objetivo es suspender las PASO de 2027 antes de que cierre el período legislativo, y para conseguir los votos que faltan el Gobierno lanzó una carta fuerte.
Se trata de la incorporación de listas colectoras como moneda de cambio para seducir a los gobernadores aliados y a los bloques provinciales. La jugada busca descomprimir la negociación y abrir el abanico de apoyos en un escenario donde la aritmética todavía no cierra.
El borrador y la suspensión "por única vez"
El nuevo texto reduce de 79 a 20 artículos el proyecto original enviado en abril. Reemplaza la eliminación definitiva de las primarias por una suspensión excepcional para 2027, lo que cambia el alcance de la reforma y la vuelve más acotada.
El Gobierno calcula que evitar las PASO reduciría la incertidumbre económica ante un eventual mal resultado oficialista. También dificultaría la resolución de la interna peronista, en un contexto donde la oposición busca ordenar sus propias candidaturas.
Qué son las colectoras y por qué generan resistencia
La propuesta permitiría que una fórmula presidencial lleve, junto a su lista legislativa, otra de un partido sin candidato presidencial propio. Así, los partidos provinciales podrían acompañar una candidatura nacional sin integrar una alianza en todas las categorías.
La incorporación de este sistema es una condición de la UCR para apoyar la suspensión de las PASO, pero genera resistencias entre otros posibles aliados que ven en la medida una forma de distorsionar la representación. Desde el PRO, el jefe del bloque en el Senado, Martín Goerling, calificó las colectoras como un "disparate" y las comparó con los efectos distorsivos de la ley de lemas.
Goerling también cuestionó la intención oficial de elevar de cinco a diez el número de provincias exigidas para que un partido sea considerado de distrito nacional. Para el senador, ese cambio complica la vida interna de las fuerzas políticas y altera reglas que hasta ahora funcionaban con cierta previsibilidad.
La aritmética que no cierra
La reforma electoral exige una mayoría absoluta de 37 votos en el recinto, pero el oficialismo no tiene los números asegurados. Según los cálculos que circulan en el Senado, La Libertad Avanza tendría hasta el momento 31 votos asegurados.
Para el dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales se necesitan al menos diez firmas entre los 19 integrantes, y los libertarios cuentan con seis senadores propios. Goerling puso en duda que el Ejecutivo consiga los votos al afirmar que "por experiencia, muchas veces un proyecto llega al recinto con una idea y termina votándose con otra".
La interna con Bullrich
En medio de la negociación, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo ante los suyos que los votos para suspender las PASO no están y pidió que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los muestre.
Cerca de Bullrich también advirtieron que las colectoras para el Senado podrían ser inconstitucionales. El argumento es que permitirían que un mismo frente se quede con las tres bancas en juego, rompiendo la representación por la minoría que estableció la reforma constitucional de 1994.
Qué más incluye el proyecto
El borrador mantiene otros puntos sensibles que forman parte de la discusión. Incluye la Ficha Limpia para personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y la eliminación de los espacios gratuitos de propaganda en radio y televisión.
También establece el fin del debate presidencial obligatorio de primera vuelta, ya que la Cámara Nacional Electoral podría organizar debates únicamente entre quienes lleguen al balotaje. A eso se suma la reducción de diez a cinco los distritos exigidos para presentar una fórmula presidencial.
Los tiempos
La Casa Rosada pretende obtener el dictamen este martes y llevar el proyecto al recinto el jueves 26. Sin embargo, el nuevo texto todavía no fue presentado oficialmente y no todos los senadores tuvieron acceso al borrador.
Incluso dentro del oficialismo admiten que podrían pedir más tiempo para estudiarlo, lo que complica el calendario previsto y abre una nueva incógnita sobre el futuro de la reforma.