La Cámara Federal de Casación Penal hizo pública este jueves su decisión de rechazar el recurso extraordinario presentado por la defensa de la dos veces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (73), que buscaba que la Corte Suprema revisara las condiciones de su prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.
Con esta resolución, continúan vigentes las medidas dispuestas por la Justicia cuando se otorgó el beneficio de la detención domiciliaria: el uso de la tobillera electrónica, las limitaciones en el régimen de visitas y las restricciones vinculadas al uso de espacios comunes del edificio donde reside, ubicado en San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fallo por mayoría
El fallo fue adoptado por mayoría. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que el planteo no cumplía con los requisitos legales necesarios para llegar a la Corte Suprema. El juez Mariano Borinsky, la única disidencia.
Hornos sostuvo que la decisión cuestionada no tiene carácter definitivo y que la defensa no logró demostrar la existencia de un perjuicio irreparable. Además, señaló que las condiciones de detención pueden ser revisadas por el magistrado que interviene en la ejecución de la pena.
Por su parte, Barroetaveña afirmó que los argumentos presentados no evidenciaban una afectación concreta de derechos constitucionales, sino que expresaban discrepancias con resoluciones adoptadas por otras instancias judiciales.
Un voto en disidencia y la posibilidad de acudir a la Corte Suprema
La única disidencia fue la del juez Mariano Borinsky, quien entendió que el recurso sí planteaba cuestiones constitucionales relevantes. Según su criterio, las restricciones vinculadas al uso de la tobillera electrónica y al régimen de visitas podrían tener impacto sobre derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.
La resolución mantiene sin cambios las condiciones impuestas a Cristina Kirchner desde junio de 2025, cuando comenzó a cumplir la prisión domiciliaria derivada de la condena en la causa Vialidad. En ese expediente fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A pesar del revés judicial, la estrategia de la defensa aún no está agotada. Los abogados de la ex mandataria pueden presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, una herramienta que permitiría intentar que el máximo tribunal analice la cuestión y defina si corresponde revisar las condiciones de cumplimiento de la condena.
