El Senado dio media sanción en la madrugada de este viernes a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). El proyecto modifica los criterios para las internaciones involuntarias y refuerza el rol de los psiquiatras en los equipos de atención. La iniciativa del Gobierno nacional obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. Ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Un texto con cambios respecto del original
El texto aprobado tiene diferencias importantes con el que redactó la Casa Rosada. Sufrió modificaciones hasta minutos antes del debate para conseguir los votos. La prohibición de crear manicomios que fijó la ley de 2010 seguirá vigente. La internación sigue siendo una medida excepcional.
El oficialismo también aceptó incorporar un esquema de financiamiento federal para las provincias. Se instrumentará mediante convenios bilaterales coordinados en el Consejo Federal de Salud (COFESA).
El debate por los recursos
El debate giró en torno a los recursos. El senador catamarqueño Guillermo Andrada reclamó garantías de financiamiento al Estado nacional. Sostuvo que la falta de presupuesto fue una de las causas del fracaso de la ley vigente.
En el cierre, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la reforma: "Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales. Esto salva vidas".
Qué cambia en las internaciones involuntarias
Para disponer una internación involuntaria, el proyecto exige verificar un riesgo grave de daño para la vida o la integridad de la persona o de terceros. La medida deberá contar con la firma de dos profesionales.
Además, deberá notificarse en 24 horas al juez. El magistrado tendrá tres días para convalidarla, pedir peritajes o disponer la externación.
Desde el primer día deberá elaborarse un plan de egreso. Las internaciones que superen los 180 días serán consideradas prolongadas. Eso activa de oficio la intervención del Órgano de Revisión.
Ludopatía y teleconsultas
La reforma amplía el concepto de adicciones e incluye la ludopatía.
También autoriza las teleconsultas con psiquiatras en las zonas donde no haya especialistas.
Las personas podrán fijar directivas anticipadas para aceptar o rechazar tratamientos. También podrán designar a alguien que exprese su consentimiento cuando no puedan hacerlo.
El rol de las familias
En cuanto a las familias, el proyecto limita la intervención a padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales.
Si no aparecen responsables, el Estado queda obligado a garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para niños y adolescentes, la atención deberá darse en dispositivos diferenciados de los adultos. Tendrán derecho a ser escuchados y no se criminalizarán los consumos.
