La disputa entre el Gobierno porteño y el Sindicato de Camioneros escaló un nuevo capítulo. La administración de Jorge Macri ratificó que no incluirá las indemnizaciones en los nuevos pliegos de recolección de residuos. El beneficio representa unos 200 millones de dólares.
Además, el Gobierno de la Ciudad sancionará a las empresas de recolección que no hayan cumplido con sus recorridos previstos durante la marcha de Camioneros a la Comuna 1.
La advertencia de Pablo Moyano
"Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida", advirtió Pablo Moyano la semana pasada. Lo hizo durante una movilización de trabajadores de recolección de residuos ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo al 200.
La exigencia sindical responde a la llamada Ley Moyano, una norma no escrita. Camioneros logró desde 1998 que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa "ley", en realidad, no tiene ningún basamento jurídico. Solo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.
La postura del Gobierno porteño
Fuentes del Gobierno porteño ratificaron a Infobae que Jorge Macri no incluirá las indemnizaciones en los nuevos pliegos del servicio. Se aprobarán en 3 o 4 semanas y se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027. Aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028.
Aun así, los funcionarios macristas aclararon que se pagarán las indemnizaciones correspondientes al actual contrato, cuya prórroga vencerá en 2028. Ya que figura en una ley aprobada por la Legislatura porteña.
La postura oficial considera que esas indemnizaciones son un privilegio sin base legal frente a los derechos del resto de los trabajadores. La firme determinación ya fue anticipada al secretario Gremial del Sindicato de Camioneros, Marcelo Aparicio, un dirigente de confianza de los Moyano.
La sanción a las empresas por la marcha
El Gobierno porteño también decidió penalizar a las empresas de recolección que no hayan cumplido con sus recorridos previstos el día de la movilización.
De esa manera, aunque no tiene atribuciones para sancionar al personal que no trabajó para ir a la marcha sindical, le da indirectamente esa potestad a las concesionarias del servicio. Lo hace al multarlas por el incumplimiento en la recolección de basura.
El criterio es que a los que no trabajan, como en cualquier otro ámbito del Gobierno porteño, se les descuenta. En rigor, no es algo nuevo ni apunta especialmente contra el Sindicato de Camioneros. Siempre que no se respetan los recorridos pautados, el Gobierno de la Ciudad penaliza a las empresas de recolección.
La contradicción normativa que denuncian
En el pliego licitatorio vigente, dentro del Régimen de Personal Operativo, figura el ítem "Indemnizaciones Finales". Establece que, al terminar el contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal. Una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que esta indemnice a los trabajadores.
Algunos interpretan que esa mención constituye una abierta contradicción normativa. Mientras el contrato obliga al Gobierno de la Ciudad a financiar con fondos públicos las indemnizaciones finales al concluir la concesión. El artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio público porteño de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.
El resultado, según quienes siguen de cerca este tema, es que los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos una millonaria caja por "despidos ficticios" a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.
Qué sigue en la disputa
La audiencia pública virtual tuvo lugar el 5 de este mes para analizar los anteproyectos de los pliegos de los contratos que regirán entre 2028 y 2038. Allí quedó en evidencia la negativa del Gobierno porteño a incorporar el reclamo de Camioneros.
La pregunta que sobrevuela el conflicto es hasta dónde estará dispuesto a llevar Pablo Moyano su amenaza. En juego están las indemnizaciones de 6.500 empleados del sector. El beneficio les permitiría cobrar sumas millonarias aunque no pierdan su trabajo ni su antigüedad cuando se venzan los actuales contratos, en 2028.
