La provincia de Neuquén completó la revisión del documento que servirá de base para reformar el Código Procesal de Familia. La jurista Mariel Molina de Juan presentó los capítulos finales ante la subcomisión especial, que analizó cambios en los procedimientos por violencia familiar y en los procesos de adopción. La iniciativa podría ingresar formalmente a la Legislatura durante la tercera sesión de noviembre y luego pasar a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
La propuesta apunta a mejorar la atención de las personas que atraviesan situaciones de violencia y a reducir las demoras en los trámites adoptivos. También establece pautas para la intervención judicial, el trabajo de equipos especializados y la revisión de las decisiones que se tomen durante cada proceso.
La reforma propone respuestas más rápidas ante la violencia familiar
Uno de los cambios centrales plantea que los actuales juzgados pasen a denominarse Juzgados de Familia y Violencia Familiar. Según explicó Molina de Juan, la nueva denominación permitirá que la ciudadanía identifique con mayor facilidad dónde acudir ante una situación de violencia.
El proyecto también busca que las medidas de protección se definan con mayor rapidez y con la participación de profesionales de distintas disciplinas. Los jueces podrán dictarlas a partir de los informes de riesgo elaborados por equipos técnicos especializados.
Al momento de resolver cada caso, deberán considerar pautas para evitar que las víctimas revivan innecesariamente situaciones traumáticas y garantizar el acceso gratuito a asistencia jurídica desde la etapa de denuncia. La propuesta contempla, además, que las medidas puedan revisarse o modificarse según las circunstancias de cada situación.
Las personas alcanzadas por una medida podrán apelar la decisión dentro de un plazo de hasta tres días. Si cuestionan la resolución en su totalidad, el planteo será revisado por una instancia judicial superior. También podrán solicitar que la protección quede sin efecto si sostienen que ya no existe un riesgo concreto. El incumplimiento de una medida podría derivar en un arresto, si el juez lo considera pertinente.
El texto regula, además, las audiencias para abordar cuestiones familiares vinculadas con alimentos, responsabilidades parentales y organización de la vida cotidiana. La propuesta establece que las partes sean convocadas por separado y que el juez busque definir acuerdos adecuados para cada situación.
El proyecto fija pautas para evitar demoras en las adopciones
En materia adoptiva, la reforma adapta el procedimiento a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Molina de Juan explicó que el objetivo es evitar trámites innecesarios, evaluaciones repetidas y tiempos de espera que puedan perjudicar a niños, niñas y adolescentes.
El documento distingue tres escenarios: aquellos en los que no se conoce la filiación del niño o niña, los casos en que sus progenitores expresan su voluntad de darlo en adopción y las situaciones en las que no se logra una vinculación positiva con quienes podrían adoptarlo.
Cuando no existe una filiación determinada, la propuesta prioriza que se evalúen alternativas de cuidado dentro del entorno familiar antes de recurrir a la institucionalización. En los casos en que los progenitores manifiestan su consentimiento informado, busca evitar que deban ratificarlo en varias instancias posteriores y prevé el acompañamiento de profesionales durante el proceso.
Para las vinculaciones que no prosperan, el texto establece pasos específicos, incluye una audiencia previa y regula el camino hasta la declaración de adoptabilidad. También contempla una vía para apelar esas decisiones, con un plazo procesal que no podrá superar los 20 días.
Molina de Juan sostuvo que acortar los tiempos es una meta ambiciosa, pero necesaria para enfrentar las demoras que afectan a los procesos adoptivos. La propuesta quedó lista para avanzar hacia el tratamiento legislativo, donde la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia deberá analizar su contenido antes de los siguientes pasos parlamentarios.
La reunión estuvo presidida por el diputado Carlos Coggiola y contó con la participación de la secretaria de la subcomisión, la diputada Cielubi Obreque. También asistieron los diputados Francisco Lepore y Patricia Fernández, y la coordinadora Aylén Aimar.
Participaron además Ramiro Benítez y Victoria Rezzónico, en representación de la presidencia del Poder Legislativo; María Laura du Plessis y Nadia Carolina Lourdes Casal, por el Ejecutivo; y Carla Pandolfi, por el Poder Judicial. Por el Ministerio Público de la Defensa estuvieron su titular, Vanina Merlo, y la defensora Alejandra Vidal.
La reunión también incluyó a Eliana Fortbetil y Verónica Lazzaro Zgaib, por la Asociación de Magistrados; María Gabriela Ávila, por la Universidad Católica de Salta; Marcelo Iñiguez y Adriana Almendra, por el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén; y el oficial principal Marcelo Carabajal, por la Dirección de Planeamiento de la Policía.
El siguiente paso será el tratamiento del documento en la Legislatura de Neuquén. Si ingresa durante la tercera sesión de noviembre, la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia podrá comenzar a revisar una propuesta que busca cambiar la atención judicial en conflictos familiares y acortar los tiempos de las adopciones.
