El gobernador Rolando Figueroa dispuso la cesantía de una trabajadora del hospital Castro Rendón de Neuquén, tras un sumario administrativo que incorporó grabaciones de las cámaras de seguridad. El hecho ocurrió en diciembre de 2023 y la sanción se fundamentó en el incumplimiento de los deberes del empleo público.
El despido se resolvió después de una investigación administrativa que analizó las imágenes de videovigilancia del hospital. La Junta de Disciplina consideró que las pruebas acreditaban la sustracción del teléfono y que la conducta era incompatible con las obligaciones de una trabajadora estatal.
Cómo ocurrió el hecho en el hospital Castro Rendón
El episodio ocurrió el 12 de diciembre de 2023, durante un cambio de guardia en el área de Admisión y Egreso de Pacientes del hospital provincial Dr. Eduardo Castro Rendón, en Neuquén capital.
Según la documentación oficial, una trabajadora dejó su teléfono celular debajo de un monitor y se retiró momentáneamente del puesto. Cuando regresó, advirtió que el dispositivo había desaparecido.
La investigación administrativa identificó como responsable a Brenda Romina Carrilao, quien se desempeñaba como auxiliar de atención al público en ese sector del hospital.
Qué mostraron las cámaras de seguridad
Uno de los elementos centrales del sumario fueron las grabaciones del sistema de videovigilancia interno. De acuerdo con el expediente, las imágenes mostraron a Carrilao tomando el teléfono celular y guardándolo en su bolso.
A esas filmaciones se sumaron declaraciones del personal de Seguridad y del área de Tecnología. Según la documentación, esos testimonios respaldaron que ninguna otra persona había ingresado al sector durante el intervalo investigado.
La trabajadora negó haber visto o sustraído el dispositivo. Sin embargo, la Junta de Disciplina consideró suficientes las pruebas reunidas para atribuirle la responsabilidad administrativa por el hecho.
Por qué decidieron despedirla
La sanción se fundamentó en el incumplimiento de los deberes y las obligaciones que rigen el empleo público provincial. El organismo disciplinario entendió que la sustracción de un bien perteneciente a una compañera afectaba la confianza necesaria para el funcionamiento del servicio de salud.
La medida fue encuadrada en el Convenio Colectivo de Trabajo y en el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén (EPCAPP).
La cesantía quedó oficializada mediante un decreto del gobernador Rolando Figueroa, luego de la tramitación del sumario administrativo.
Es importante distinguir ambos planos: la información disponible describe una sanción administrativa basada en pruebas reunidas dentro del ámbito estatal. No se aportaron datos que permitan afirmar que también hubo una condena penal por el episodio.
El despido se suma a otros casos en el Estado neuquino
La salida de la trabajadora del Castro Rendón se inscribe en la política de controles y sanciones disciplinarias que impulsa el Gobierno de Neuquén bajo la consigna de tolerancia cero frente a irregularidades en la administración pública.
En otro caso, en septiembre de 2026, una trabajadora del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) fue exonerada tras una investigación por irregularidades financieras que habrían provocado un perjuicio de casi $8 millones.
Las sanciones aplicadas por la administración provincial abarcan distintas conductas: desde incumplimientos de asistencia hasta hechos relacionados con el manejo de fondos y la conducta de los agentes estatales.
No obstante, las consecuencias administrativas dependen de las circunstancias y las pruebas de cada expediente.
