A 50 años de uno de los despojos inmobiliarios vinculados al terrorismo de Estado en Neuquén, las familias damnificadas por la apropiación de departamentos de la histórica Torre de Periodistas darán un nuevo paso judicial para recuperar las viviendas que les fueron quitadas durante la última dictadura militar.
El próximo martes 24 de noviembre presentarán formalmente un pedido de restitución de los departamentos tanto en sede penal como civil. El planteo llega en un momento clave de la causa: la investigación penal ya fue elevada a juicio oral y público y los delitos fueron encuadrados como crímenes de lesa humanidad, por lo que las víctimas consideran que están dadas las condiciones procesales para avanzar con la recuperación de los bienes.
Los abogados que asisten a las familias damnificadas explicaron los alcances de las presentaciones y señalaron que, después de cinco décadas, las familias se encuentran ante una instancia decisiva para obtener una reparación por el despojo sufrido.
El reclamo apunta a que el Poder Judicial avance con celeridad y dé una respuesta a una situación que permanece sin resolución desde el 24 de marzo de 1976, cuando, en coincidencia con el golpe de Estado, el Ejército intervino la Cooperativa de Vivienda del Periodista y se apropió ilegalmente de parte de sus propiedades.
Una apropiación en los primeros días de la dictadura
La Torre de Periodistas, ubicada en la intersección de avenida Argentina y Periodistas Neuquinos, fue el primer edificio en altura de la ciudad de Neuquén. Había sido construido a partir del esfuerzo de trabajadores de prensa que integraban una cooperativa de vivienda y cuya entrega de departamentos estaba prevista para el 7 de junio de 1976, en coincidencia con el Día del Periodista.
Sin embargo, ese proyecto quedó trunco. El 24 de marzo, mientras el edificio se encontraba en la etapa final de construcción, fuerzas del Ejército realizaron un allanamiento ilegal en la sede de la cooperativa. La intervención militar derivó en el desplazamiento de sus autoridades y en la apropiación de 23 de los 86 departamentos que conformaban la torre.
La investigación judicial reconstruyó que el despojo se produjo en paralelo con las primeras detenciones ilegales en Neuquén. Varios asociados fueron señalados como supuestos "subversivos", mientras que el presidente de la cooperativa debió exiliarse en Francia. Otros adjudicatarios, que tenían sus cuotas al día, perdieron las viviendas por las que habían pagado.
Con el avance de la dictadura, los departamentos fueron ocupados por integrantes de distintas fuerzas de seguridad. Según se estableció en la investigación, el Ejército se adjudicó 15 unidades, Gendarmería tres y la Policía Federal dos. Algunos de esos espacios también habrían sido utilizados para alojar grupos de tareas y almacenar armamento.
La maniobra incluyó además la venta de dos terrenos pertenecientes a la cooperativa: uno destinado a la construcción de un centro cultural comunitario y otro previsto para cocheras. Los socios originales no recibieron compensación por esas propiedades.
Una causa inédita en la región
El reclamo de restitución se produce luego de un avance significativo en el expediente judicial. En mayo de 2026, la causa fue elevada a juicio oral y público por decisión del juez federal Gustavo Villanueva, luego de que se diera por concluida la etapa de instrucción.
Los imputados que deberán afrontar el debate son Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, exintegrantes de Inteligencia del Ejército, procesados como partícipes necesarios de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta, en concurso real y en el marco de delitos de lesa humanidad.
Se trata de un caso inédito dentro de las nueve causas que integran el expediente Reinhold, conocido por las investigaciones sobre el centro clandestino de detención La Escuelita. Por primera vez en la región, un juicio por crímenes de la dictadura tendrá como eje el componente patrimonial del terrorismo de Estado: la apropiación de bienes y viviendas de particulares y organizaciones.
El juez consideró que los delitos investigados son imprescriptibles por su carácter de lesa humanidad y que la apropiación de la Torre de Periodistas formó parte del plan sistemático de persecución desplegado durante la dictadura.
San Martín y Di Pasquale serán los únicos acusados que llegarán al juicio oral. Otros involucrados fallecieron o fueron apartados del proceso por razones de salud.
La restitución, una reparación pendiente
Con la elevación a juicio de la causa penal y una demanda ya presentada en el fuero civil, las familias buscan que la Justicia avance ahora sobre la restitución de las propiedades.
El pedido que se formalizará el próximo martes representa un nuevo capítulo de una historia que comenzó hace medio siglo y que todavía tiene consecuencias concretas para quienes fueron despojados de sus viviendas.
La expectativa de las víctimas y sus representantes legales es que el Poder Judicial dé una respuesta que permita reparar una de las consecuencias patrimoniales del terrorismo de Estado que aún permanece sin resolución en Neuquén.