“Estamos ante los delitos más graves que pueden cometerse”. La frase, pronunciada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani en el tramo final de su alegato, condensó la posición de la Fiscalía en el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Neuquén, conocido como La Escuelita IX.
No fue solamente un pedido de condenas. Durante varias jornadas, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén reconstruyó el funcionamiento del aparato represivo que actuó en la región durante la última dictadura, repasó secuestros, tormentos, desapariciones y persecuciones políticas y avanzó sobre una dimensión menos explorada en los juicios de lesa humanidad: el exilio forzado y las consecuencias que el terrorismo de Estado dejó en hijos e hijas de las víctimas.
Para la Fiscalía, los hechos juzgados no pueden ser analizados como delitos comunes ni sus consecuencias reducidas únicamente a quienes fueron secuestrados o torturados. El daño, sostuvo Palazzani, alcanzó a familias enteras y se proyectó durante generaciones. “El daño al tejido social es el mayor que se puede causar, por eso son delitos contra la humanidad; es irreparable porque la herida que tenemos sigue abierta, que son los desaparecidos”, afirmó. Dejó una pregunta que funcionó como uno de los ejes de su alegato: “Entonces, sin duelo y encima sin justicia, ¿qué queda?”.
Prisión perpetua y penas de hasta 25 años
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos, integrada por Palazzani, el auxiliar fiscal David Maestre y los funcionarios Gabriela Schumacher y Juan José Cendagorta, pidió al Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén penas de prisión perpetua para dos de los acusados y condenas de entre seis y 25 años para otros cinco. La Fiscalía solicitó prisión perpetua para los exmilitares Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, ambos integrantes del Destacamento de Inteligencia 182.
Para el exgendarme Emilio Sacchitella, requirió una pena de 25 años de prisión, mientras que para el entonces subalférez de Gendarmería Miguel Cil pidió 21 años.
Además, reclamó condenas de seis años de prisión para el expolicía Miguel Ángel Ferrari y para los exmilitares Hugo Renes y Carlos Carreto.
Los imputados fueron acusados, según los casos, de haber participado en privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos físicos y psíquicos y apremios ilegales, con agravantes por violencia, duración y persecución política.
En el caso de San Martín y Di Pasquale, la Fiscalía también les atribuyó responsabilidad por homicidios calificados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Además de las condenas, el Ministerio Público Fiscal pidió la inhabilitación absoluta y perpetua para todos los acusados y solicitó la detención de Sacchitella, Carreto, Ferrari, Renes y Cil. También requirió que se revoque la prisión domiciliaria de San Martín.
“El daño al tejido social es el mayor que se puede causar, por eso son delitos contra la humanidad; es irreparable porque la herida que tenemos sigue abierta, que son los desaparecidos”, afirmó
“¿Cuáles son más graves?”
El cierre de Palazzani fue, en buena medida, una argumentación sobre la gravedad excepcional de los delitos cometidos desde el aparato estatal. El fiscal cuestionó cualquier criterio que pudiera llevar a imponer penas inferiores a las máximas cuando se trata de crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. “¿Cuál es el fundamento para imponer menos penas en estos delitos que en otros que juzgamos a diario? ¿Cuáles son más graves?”, planteó.
Palazzani agregó: “Si no se justifica esto, cualquier reducción de penas que no se acerque al máximo en estos casos es una decisión arbitraria, porque ninguno es más grave de los cometidos desde el Estado”.
Para Palazzani, el sentido de las condenas trasciende la responsabilidad individual de los acusados y alcanza al propio sistema democrático. El derecho, sostuvo, debe dejar establecido que ningún integrante de un gobierno puede utilizar el aparato punitivo del Estado como una herramienta para sembrar el terro. “El sistema jurídico es la manera que tenemos de enseñar que nadie, que ningún miembro de ningún gobierno puede, bajo el amparo de cualquier excusa, hacer del sistema punitivo una herramienta perversa para implementar el terror que se implementó en Argentina”, expresó.
Uno de los aspectos más novedosos del alegato estuvo vinculado con el análisis del exilio forzado como una expresión del terrorismo de Estado. Palazzani sostuvo que esa experiencia permanece, en muchos casos, invisibilizada dentro de la memoria sobre la dictadura. “El terrorismo de Estado no se expresó únicamente en los secuestros, la tortura, la desaparición forzada, el asesinato, la persecución política y la apropiación de niños y niñas; también produjo una forma menos visible pero profundamente dañosa de violencia: el exilio forzado”, describió.
Para la Fiscalía, quienes abandonaron el país no lo hicieron como parte de una decisión libre. “No se trató de una decisión libre para mejorar la calidad de vida, sino que la salida fue impuesta por el miedo y la necesidad urgente de sobrevivir”, sostuvo el fiscal.
El fiscal ubicó al exilio dentro de la propia maquinaria represiva: “En términos jurídicos fue una consecuencia directa del aparato represivo estatal”.
La salida forzada implicó abandonar trabajos, estudios, viviendas, amistades y referencias culturales. Pero también produjo otro fenómeno que Palazzani describió como una consecuencia profunda: el silencio. Para muchas familias, callar lo que había ocurrido se transformó en una forma de protección. Sin embargo, ese silencio tuvo consecuencias. Según explicó la Fiscalía, produjo “zonas opacas en la historia familiar, duelos suspendidos y una transmisión fragmentada del pasado”.
“El terrorismo de Estado no se expresó únicamente en los secuestros, la tortura, la desaparición forzada, el asesinato, la persecución política y la apropiación de niños y niñas; también produjo una forma menos visible pero profundamente dañosa de violencia: el exilio forzado”, describió el fiscal.
La dictadura y las infancias
El alegato avanzó todavía más y puso el foco en quienes eran niños y niñas cuando sus padres fueron secuestrados, desaparecidos o perseguidos. “La dictadura atacó a la niñez”, sostuvo la Fiscalía, y planteó que esas experiencias no deben ser consideradas únicamente como daños indirectos o colaterales de los crímenes cometidos contra sus padres.
La acusación pidió que los hijos e hijas de las víctimas sean reconocidos como víctimas directas. En esa lista se encuentra Lucía Appel de la Cruz, que tenía apenas cuatro meses cuando sus padres, los ciudadanos chilenos José Luis Appel de la Cruz y Carmen Delard Cabezas, fueron secuestrados y desaparecidos.
También están los hijos de Juan Raúl Pichulman y Amalia Cancio, detenidos ilegalmente durante la dictadura, entre ellos Juan José Cancio, que nació meses después del secuestro de sus padres y cuando su madre estaba embarazada. La Fiscalía incluyó además a Sabino Magariños, hijo de Carlos Magariños; a Mariana Méndez, hija de Mónica Elvira; a Mónica Pérez, hija de Carlos Pérez; y a Paz y María Sol Colobig, hijas de Juan Ramón Colobig. En el caso de estas últimas, la acusación pidió que se reconozca el daño transgeneracional derivado de la victimización sufrida por su padre.
Para Palazzani, el impacto sobre los niños y niñas alcanzó momentos decisivos de la construcción de su identidad. Muchos crecieron, explicó, con la percepción de que había algo peligroso o inexplicable en la historia de sus propias familias. La consecuencia podía traducirse en ansiedad, inseguridad, culpa, sensación de extrañeza y dificultades para construir vínculos y permanencias.
Por eso, la Fiscalía cuestionó que el exilio y sus consecuencias hayan sido considerados durante años como una forma de “victimización menor”. Esa jerarquización del sufrimiento, sostuvo, es “injusta y empobrecedora”.
La sentencia del juicio La Escuelita IX, que se conocerá este martes en Neuquén, deberá ahora resolver la responsabilidad de los acusados. Pero el alegato de la Fiscalía dejó planteada una discusión más amplia: cómo se mide el daño provocado cuando el Estado convierte sus propias instituciones en una maquinaria de terror
Reparar también es nombrar
El pedido fiscal no se limitó a solicitar condenas. También reclamó medidas simbólicas y reparatorias para quienes fueron niños y niñas durante los hechos. Entre ellas, pidió que los nombres de estas víctimas sean incorporados al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y a los distintos espacios y registros de memoria.
Además, solicitó que el Estado realice actos públicos de reconocimiento y que, en la señalización de los lugares donde funcionaron centros clandestinos vinculados a estas causas, también se mencione a los niños y niñas afectados.
En el caso particular de Lucía Appel de la Cruz, la Fiscalía pidió medidas específicas para que sus dos hijos puedan conocer, en un lenguaje adecuado para su edad, qué ocurrió con su madre y sus abuelos. También solicitó la realización de un acto reparatorio en Francia, donde residen, y la entrega de una copia de la sentencia.
La intención, según el planteo fiscal, es que el reconocimiento judicial no quede limitado al expediente, sino que alcance a quienes cargaron durante décadas con las consecuencias de aquellos crímenes.
El derecho a saber qué pasó con Carlos Magariños
Otro de los puntos destacados del alegato fue el pedido de un proceso de derecho a la verdad por el secuestro y desaparición de Carlos Magariños. Ingeniero, trabajador de Agua y Energía de la Nación y militante de la Juventud Peronista, Magariños fue secuestrado el 11 de mayo de 1978 en la vía pública, en Cipolletti.
El hecho había sido atribuido al exmilitar Oscar Lorenzo Reinhold, quien fue excluido del proceso por razones de salud antes de fallecer recientemente. Ante la imposibilidad de continuar la persecución penal contra él, la Fiscalía pidió que el Tribunal se pronuncie sobre lo ocurrido. “La solicitud es que la sentencia reconozca que el hecho ocurrió tal cual lo describimos”, explicó Maestre.
El planteo se apoya en el derecho de las víctimas y de sus familiares a conocer la verdad sobre los hechos, aun cuando ya no sea posible avanzar con una condena penal.
Para la Fiscalía, una sentencia también puede cumplir una función de reparación y reconstrucción histórica. Puede constatar, reparar y transmitir, incluso cuando la persecución penal ya no sea posible.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos también solicitó que el Tribunal establezca expresamente que los delitos juzgados fueron cometidos en el marco del genocidio reorganizador desplegado durante la dictadura y que constituyeron “prácticas genocidas contra una parte del pueblo argentino”.
El planteo apunta a que la sentencia no se limite a enumerar delitos y responsabilidades individuales, sino que ubique esos hechos dentro del sistema represivo que funcionó en todo el país. Ese fue, precisamente, uno de los hilos conductores del alegato: demostrar que detrás de cada secuestro, traslado, interrogatorio, tormento o desaparición no existieron episodios aislados.
La sentencia del juicio La Escuelita IX, que se conocerá este martes en Neuquén, deberá ahora resolver la responsabilidad de los acusados. Pero el alegato de la Fiscalía dejó planteada una discusión más amplia: cómo se mide el daño provocado cuando el Estado convierte sus propias instituciones en una maquinaria de terror y qué respuesta debe dar la Justicia frente a crímenes cuyas consecuencias todavía atraviesan a hijos, nietos y familias enteras.
