Otro aniversario sin Justicia por Sergio Ávalos

Se cumplirán 17 años de la desaparición del estudiante de Economía de la UNCo Sergio Ávalos. En el contexto del distanciamiento social por la pandemia de coronavirus, se lo recordará y reiterará el reclamo de Justicia con actos virtuales y una concentración en la plaza de su ciudad natal, Picún Leufú. Mientras, se espera un tiempo de “normalidad” para reanudar la investigación, que recobró impulso cuando en 2014 la Corte Suprema de Justicia dispuso que el caso pase a la órbita Federal con la calificación de “desaparición forzada de persona”.

Sergio fue visto por última vez alrededor de las siete de la mañana del 14 de junio de 2003 en el complejo bailable Las Palmas, de Primeros Pobladores al 2200 de Neuquén. Había llegado cerca de las tres junto a sus compañeros de la residencia universitaria y esa mañana tenía previsto viajar a Picún Leufú para pasar el día del padre en familia. Los otros estudiantes salieron del boliche cuando la jornada terminaba, lo esperaron en la vereda pero nunca lo vieron salir. Al día siguiente su familia radicó la denuncia.

“A Sergio lo golpearon por haber visto o escuchado algo y se les fue la mano al personal de seguridad", fue la original hipótesis de investigación que plantearon los primeros testigos que declararon en el expediente que la Justicia provincial tuvo durante 11 años con avances irrelevantes.

La búsqueda por aire, tierra y agua del joven nunca aportó algo concreto. Además se tuvo que lidiar con pistas falsas que abonaron al desconcierto de los investigadores.

El complejo bailable fue varias veces allanado. Incluso se dispuso de tecnología aportada por la Gendarmería Nacional que, con un georradar, se inspeccionó el contrapiso de la mole de cemento buscando restos enterrados y tapados con concreto. Y el resultado también fue negativo.

La sospecha sobre el personal de seguridad del boliche, integrado mayormente por policías –retirados y en actividad- y militares retirados, nunca dejó de estar en la agenda.

El boliche contaba con un sistema de filmación por circuito cerrado de cámaras que registraba todo lo que ocurría en su interior aunque, curiosamente, las cintas del día en que desapareció Sergio resultaron ser “de mala calidad” y los pocos registros con los que se pudo contar sólo grabaron hasta las dos y media de la madrugada. Después las cámaras fueron apagadas.

La última actividad desplegada por la fiscal Sandra González Taboada –actualmente en Zapala- fue un viaje a la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, en búsqueda del testimonio de una mujer militar que tras la desaparición de Ávalos fue trasladada a la unidad militar de aquella ciudad. Varios “no sé”, o “no recuerdo”, fueron las respuestas que la fiscal se trajo a Neuquén de aquel interrogatorio.

Cambio de fuero y de ritmo

El por entonces abogado de la familia Ávalos, Luis Virgilio Sánchez, fue muy crítico de la investigación de la Justicia provincial por sus nulos avances e impulsó no solo el cambio de fuero sino de calificación. Reclamó que el expediente pase al Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, y que se lo investigue como “desaparición forzada de persona”. Tas un contundente dictamen de la ex Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Higthon de Nolasco, Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, dispusieron el cambio de fuero.

Sánchez armó una estrategia destinada a presentar ante Villanueva testigos –algunos de identidad reservada- para fortalecer la hipótesis original de que Sergio desapareció dentro del boliche y a manos del staff de patovicas.

En 2018, se encomendó al Equipo Argentino de Antropología Forense la tarea de determinar el perfil genético del joven Ávalos para cotejarlo con restos óseos hallados en el Alto Valle a partir del 2003 en adelante y que estén sin identificación. Los que se analizaron no coincidieron.

Desde octubre de 2019, la familia del estudiante tiene como abogados a Leandro Aparicio y Sergio Heredia –quienes patrocinaron a la familia del trabajador golondrina Daniel Solano, desaparecido y asesinado por policías en Choele Choel-, quienes continuaron con la labor desarrollada por Sánchez.

“Todavía restan presentar algunos testimonios para finalizar con la presentación y pedir la imputación concreta de los dueños y del personal de seguridad del boliche”, dijo ayer Mercedes, hermana de Sergio, en declaraciones RTN de Neuquén. Todo ello ocurrirá una vez que el Poder Judicial retome las tareas con “normalidad”.

La “seguridad” de Las Palmas