El violento que le prendió fuego el auto a su ex seguirá libre

La Justicia es lenta y está demostrado que no siempre llega. Como ejemplo se puede tomar el caso del violento empresario de la noche de Cipolletti, que durante la pandemia fue grabado cuando le prendía fuego el auto a su ex en el exclusivo barrio El Manzanar. Por este hecho no fue preso porque además de la prisión en suspenso, le fijaron normas de conducta que debía cumplir bajo el apercibimiento que en caso contrario perdería el beneficio de la libertad con tobillera electrónica. Y aunque en el verano protagonizó otro incidente, con otra mujer, por el cual también le colocaron otro dispositivo con GPS, los fiscales no lograron que el juez de Ejecución revise la sentencia y recién aceptó convocar a una audiencia el último día de vigencia de las medidas cautelares.

Los términos jurídicos son complejos para las personas y mucho más para las víctimas, quienes son testigos directos de la inacción de la Justicia. Esta claro que los tiempos de aquellos que sufren un delito no son los mismos de aquellos que deben sancionarlos, quienes además de abultados sueldos decenas de veces superior al mínimo vital y movil, quienes deben resolver sentados detras de su escritorio y con un séquito de empleados que le simplifican las tareas.

Explciar qué pasó con el empresario de la noche y por qué no fue preso no es una cuestión sencilla. A simple vista aparece un mal desempeño de sus tareas por parte del juez de Ejecución de Cipolletti, Lucas Lizzi, quien postergó varias veces una audiencia en la que se debía reveer la situación del violento, ya que no había cumplido las normas de conductas fijadas por el término de dos años.

Es que el empresario, luego del hecho protagonizado en Cipolletti contra su ex en El Manzanar, se radicó en Las Grutas y este verano protagonizó otro hecho de violencia de género contra su nueva pareja. La mujer lo denunció y logró que la Justicia de San Antonio le fije una restricción de acercamiento, además de que le coloquen una tobillera electrónica para controlar sus movimientos y estar seguros de que no violaba esa prohibición. 

La primera conducta ilógica de la Justicia rionegrina es colocarle a la misma persona dos dispositivos con GPS que sirven para lo mismo, siendo que con la que ya tenía colocada por disposición de un juez cipoleño, también podían controlar que no se acerque a ninguna de las dos víctimas.

Pero hay más cuestiones inentendibles. Es que al conocerse el caso de Las Grutas, el fiscal Oscar Cid intentó que el juez de Ejecución revise la condena impuesta al empresario y como debe ser, la prisión en suspenso pase a ser de cumplimiento efectivo. Lo mismo hizo Gustavo Arbués, su par de San Antonio, que trató de que ambas causas contra el violento tramiten de forma paralela y que una sea agravante de la otra, razón por la cual y ante la reincidencia y la violación a la orden judicial de no volver a protagonizar hechos de ese tipo, el hombre debía terminar preso.

Sin embargo nada de esto pasó. Es que en un primer momento Lizzi acusó a los repsonsables del Ministerio Público de no presentar argumentos ni sólidos ni suficientes para revocar la libertad condicional. Y así, de este modo, el empresario se mantuvo varios meses con dos dispositivos electrónicos que registraban sus movimientos.Tampoco el fiscal de San Antonio logró que el juez Fabio Corvalán entendiera que el violento tenía antecedentes como para poder encarcelarlo.

Los días pasaron, entre escritos y contestaciones tardías, Lizzi finalmente aceptó hacer una audiencia de control de pena, pero entre tanto retraso y burocracia judicial, la condena al empresario finalizó el 9 de mayo, el día que se cumplieó aquella sentencia inicial que indicaba que además de no poder acercarse a la madre de sus tres hijos, debía llevar un dispositivo de rastreo satelital durante dos años y  diez meses de prisión en suspenso.

Claro que alguien se avivó y contó el plazo. Por eso tanto el fiscal como la víctima cipoleña intentaron hablar con el magistrado, pero se negó a atenderlos. Aunque si debió responder un escrito con pronto despacho, en el cual fijó audiencia de revisión para el 27 de abril y recién el 2 de mayo envió ea la Oficina Judicial el pedido para que le agenden la audiencia, que lo hizo recién para el 15 de mayo.

Ante la insistencia de Cid, la Ofician Judicial cambió la fecha para el 8 de mayo, un día antes del agotamiento de la pena. Justo ese día, el empresario se quedó sin defensor, una parte por estrategia de su abogado Martín segovia y otra porque se encontraba defendiendo al Ramiro Gutiérrez en el juicio popular por el crimen de Facundo Castillo. Entonces la audiencia debió postergarse hasta el pasado lunes 22, pero la pena ya estaba cumplida.