Un crimen brutal, un arma oficial y tres vidas partidas al medio. La Justicia de Bariloche ordenó una indemnización para los hijos de una mujer asesinada por su pareja, un policía rionegrino que usó su pistola reglamentaria para matarla en Dina Huapi. El mismo arma con la que, minutos después, se quitó la vida.
No fue un hecho aislado ni un drama doméstico. El juez lo dejó claro en su fallo: el femicidio ocurrió con un arma del Estado, en manos de un agente que seguía en funciones, aunque estuviera fuera de servicio. Esa conexión fue clave, no hubo prevención, no hubo control, y la omisión, según el magistrado, fue tan grave como el crimen mismo.
La mujer murió, pero detrás quedaron sus tres hijos: dos de ellos menores. Con vínculos rotos, secuelas emocionales y un fuerte golpe en lo económico, atravesaron una pérdida que les dio vuelta la vida. El juez reconoció el daño y ordenó una reparación integral, evaluando el impacto de forma individual, no como una familia genérica.
El fallo se basó en peritajes psicológicos, documentación judicial y registros institucionales. Determinó que el daño fue múltiple: moral, psicológico y patrimonial. Y fue el Estado quien falló, al no prevenir que su propio agente se transformara en asesino.
La defensa del Estado intentó despegarse: alegó que el crimen fue "personal". Pero la Justicia no lo compró. El arma era oficial, el agresor, policía activo, y los hijos, víctimas directas. El fallo ya está firme.