En plena pandemia y en situación de extrema necesidad, cientos de personas desempleadas fueron reclutadas con la promesa de un plan social en Neuquén. Les pidieron sus datos, sus tarjetas de débito y hasta sus claves. Les daban una limosna en efectivo mientras funcionarios y punteros de aquel momento se robaban el dinero. El juicio por la megaestafa con subsidios en Neuquén, que se inició el lunes 21 de julio, expone la crudeza de una maniobra mafiosa que lucró con la desesperación.
El engaño fue tan perverso como simple: convocar a personas vulnerables, desocupadas, a menudo sin estudios ni apoyo institucional, prometerles un ingreso mensual para “ayudarlos” y quitarles todo, incluso la dignidad. Así operó la organización que está siendo juzgada en Neuquén, donde se investiga un fraude por 1.000 millones de pesos a través de planes sociales.
Las víctimas fueron quienes menos tenían: albañiles informales, amas de casa, estudiantes, vendedores ambulantes, desocupados. Todos ellos creyeron que estaban accediendo a una ayuda estatal. En realidad, estaban siendo usados como pantalla de una maquinaria de corrupción que llegó hasta los más altos cargos del Ministerio de Desarrollo Social del anterior gobierno provincial.
“¿Querés cobrar 4 mil pesos por mes sin hacer nada y sin ir a las marchas?”, fue la frase con la que muchos fueron captados. Solo tenían que entregar una fotocopia de su DNI, ir al banco, sacar la tarjeta de débito y entregársela al puntero político de turno. También debían dar su clave. Con eso, estaban fuera de la ecuación. Ellos cobraban una mínima parte; el resto lo saqueaban desde arriba.
La causa investiga una supuesta megaestafa con planes sociales por un perjuicio superior a los 153 millones de pesos ocurrida entre 2020 y 2022. La actualización realizada en septiembre del año pasado elevó la suma a más de 1.000 millones de pesos.
Catorce personas llegan al juicio, imputados por conformar una asociación ilícita con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjetas de débito sin debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9.303 hechos.
Según la fiscalía, se trató de una organización criminal jerárquica, con cinco niveles de responsabilidad, que operó entre 2020 y 2022. Las víctimas accedían a los planes sin saber su nombre, sin saber cuánto iban a cobrar, ni con qué condiciones. Algunos eran trasladados en vehículos a los bancos para activar tarjetas, siempre bajo supervisión.
Las audiencias continuarán en las próximas semanas con más declaraciones de los testigos.
“Tenés banda de plata y me das 4 mil”
Un albañil de 34 años, que jamás tuvo un trabajo formal, fue uno de los testigos más impactantes de la audiencia del viernes en la sala 12 del edificio de la Ciudad Judicial donde se desarrollo este juicio que se extenderá hasta fines de septiembre.
Contó cómo su compañero de obra, Gustavo Mercado —alias “Pistola”— lo convenció de acceder al subsidio. Durante meses cobró 4.000 pesos. Hasta que un día, al ir a renovar su tarjeta de débito, pidió ver su saldo: 52 mil pesos. Cada mes, el Estado depositaba 49 mil y él recibía apenas una fracción.
Furioso, enfrentó a su reclutador:
—“Sos un reculeado, tengo una banda de plata y me das 4.000”
—“Esto es así, perro” —le contestó “Pistola”.
Esa fue la última vez que lo vio. Se sintió “cagado, estafado”.
“¿Querés cobrar 4 mil pesos por mes sin hacer nada y sin ir a las marchas?”, fue la frase con la que muchos fueron captados.
Una red con rostro político
El juicio avanza contra 14 imputados, entre ellos exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y punteros del MPN. Según la fiscalía, se trató de una organización criminal jerárquica, con cinco niveles de responsabilidad, que operó entre 2020 y 2022. Las víctimas accedían a los planes sin saber su nombre, sin saber cuánto iban a cobrar, ni con qué condiciones. Algunos eran trasladados en vehículos a los bancos para activar tarjetas, siempre bajo supervisión.
Cuando el banco bloqueó 198 tarjetas por sospechas, la organización intentó que los beneficiarios hicieran nuevos plásticos y claves. En esos intentos algunos descubrieron la verdad: que los estaban usando para facturar decenas de miles de pesos que jamás verían.
El miedo, también fue parte del método
Una mujer reveló que, cuando la investigación comenzó a buscar testigos, tres matones rodearon a uno de los beneficiarios en una plaza y le mostraron la foto de su madre para intimidarlo.
Otros declararon que nunca conocieron a los “jefes” reales del plan, pero que eran obligados a entregar la tarjeta y “hacer lo que decían”, porque si no, “te quedabas sin nada”.
El plan era la trampa
Los relatos se repiten con pequeñas variaciones: les ofrecían dinero en mano, sin exigir marchas, protestas ni militancia. Algunos ni siquiera sabían el nombre completo de quien les entregaba la plata. Muchos eran contactados por un conocido del barrio, o un familiar que también necesitaba “rebuscarla”.
Una mujer de Senillosa pudo retirar 48 mil pesos de su cuenta cuando descubrió la estafa. Le daban apenas 3 mil. “Yo no tenía trabajo, necesitaba el dinero, pero no sabía de dónde venía”, dijo con angustia en la audiencia.
Lo que dejó en evidencia esta red es algo más profundo: la manipulación estructural de la pobreza como forma de control político. No solo se robaron el dinero de los pobres, también usaron esa necesidad como método para captar voluntades, construir lealtades y tapar responsabilidades.
Los imputados más altos —como Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Abel Di Luca, ministro de Desarrollo Social, y Néstor Sánz, exdirector de Fiscalización— formaban parte del entramado estatal. Además de Marcos Osuna, Departamento de Gestión de Programas, y Tomás Siegenthaler, Coordinador de Administración. Según el Ministerio Público Fiscal, cada uno cumplía un rol preciso: desde organizar el circuito de cobros hasta garantizar que las cuentas no fueran detectadas.
Las audiencias continuarán en las próximas semanas, y por decisión del tribunal no se publican los nombres ni las fotos de los testigos, por seguridad.
Lo cierto es que sus relatos son un grito incómodo para el poder político: mostraron cómo una parte del Estado les robó a quienes debía proteger.
Porque si algo dejará claro este juicio, es que la pobreza no solo fue olvidada. Fue usada como herramienta para enriquecerse. Quizás, la forma más cruel de corrupción.