El juicio de cesura por el homicidio culposo cometido por Liliana Esther Padilla Ibáñez, la mendocina de 38 años que protagonizó un brutal accidente en la ruta Nacional 250, avanza hacia su etapa final: en los alegatos la querella solicitó 6 años de prisión efectiva. La mujer, completamente alcoholizada y jugando con su celular, manejaba su Toyota Hilux como si fuera un juguete. En cuestión de segundos, su irresponsabilidad se convirtió en tragedia: impactó de lleno contra una Renault Duster y arrebató la vida de tres personas.
El tribunal compuesto por Marcelo Álvarez, Guillermo Bustamante y Carlos Reussi definirá la pena que le impondrá a Padilla Ibáñez. Mientras la defensa solicitó tres años de prisión condicional, la querella, representada por el abogado Damián Torres, exigió una condena ejemplar: seis años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir. La Fiscalía respaldó este pedido, enfatizando la extrema imprudencia de la acusada.
El hecho ocurrió el 17 de marzo del año pasado. Se comprobó que Padilla Ibáñez conducía borracha, enviando audios y videos mientras manejaba, completamente ajena al peligro que representaba. Pero su irresponsabilidad no terminó ahí: tras el impacto, no solo dejó atrás los fierros retorcidos y los cuerpos de sus víctimas, sino que huyó. Horas después, apareció en General Conesa, a 100 kilómetros de la escena del crimen, como si nada hubiera pasado.
El desprecio a las vidas que demostró Padilla Ibáñez
La tragedia se desató cuando la camioneta conducida por Padilla Ibáñez impactó contra una Renault Duster en la que viajaban Fabián Andrade y su familia. Como resultado del brutal choque, murieron Martha Andrade (75), Juan Cruz Andrade (28) y Tomás (11). El conductor, único sobreviviente, pidió ayuda desesperadamente, mientras la mujer ya se encontraba lejos, preocupada solo por encubrir su crimen.
Para el abogado Torres, la conducta de Padilla Ibáñez demuestra "un desprecio absoluto por la vida humana". “Desde el momento en que llegó a Conesa, lo único que hizo fue intentar encubrir lo sucedido, simulando un simple vuelco y tratando de reclamar 17 millones de pesos como si nada hubiera pasado”, denunció. Además, señaló que “la mujer realizó 35 llamadas después del accidente, todas destinadas a buscar la manera de evadir su responsabilidad”.
Uno de los agravantes más contundentes fue el resultado positivo en el test de alcoholemia. La acusada intentó justificarlo diciendo que bebió whisky después del choque para calmarse por el trauma, pero la Fiscalía desestimó por completo su versión, dejando en evidencia su falta de argumentos y su intención de manipular la verdad.