La megabanda que durante más de un año sembró terror con violentas entraderas en distintas ciudades del Alto Valle quedó nuevamente contra las cuerdas. Las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares secuestrados permitieron ubicar a algunos de los imputados en los lugares donde ocurrieron los robos. La nueva evidencia fue incorporada a la causa y se suma a cámaras de seguridad, allanamientos y otros elementos que ya comprometen la hipótesis de una organización dedicada a golpear viviendas en Roca, Allen, Villa Regina, Cipolletti y Neuquén capital.
La investigación siguió avanzando tras las detenciones y ahora apareció una pieza que puede resultar determinante para los fiscales: la información extraída de los teléfonos incautados a los sospechosos. El trabajo estuvo a cargo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) del Poder Judicial de Río Negro. Los análisis permitieron obtener datos que, según expuso la Fiscalía durante la audiencia realizada, ubican a imputados en los lugares vinculados con los hechos que se investigan.
Y ese dato cambia el peso de la investigación. Ya no se trata solamente de reconstruir los movimientos de una banda a partir de testimonios o imágenes. Ahora, los investigadores cuentan con información obtenida de los propios dispositivos que tenían en su poder algunos de los acusados.
Con esos nuevos elementos sobre la mesa, la fiscal jefa Belén Calarco y la fiscal del caso Verónica Villarruel avanzaron en la precisión de la acusación ante el juez de Garantías Gustavo Quelín. La causa tiene una dimensión considerable: diez adultos y un adolescente de 16 años continúan imputados por asociación ilícita.
Una banda con un mapa delictivo
La Fiscalía sostiene que la organización funcionó desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2025. Los investigadores sostienen que había una estructura estable, con integrantes que cumplían diferentes funciones. Primero aparecía la selección de las viviendas. Después, las tareas de vigilancia. Finalmente, el despliegue necesario para ingresar a los domicilios y reducir a las víctimas.
Y el mapa es amplio. Roca, Allen, Villa Regina, Cipolletti y Neuquén capital aparecen dentro del recorrido que la Fiscalía atribuye a la organización. La causa ya contempla 14 hechos y, como si fuera poco, durante la última audiencia fueron incorporados otros dos episodios ocurridos en Cipolletti.
En varios de esos ataques, las víctimas fueron sorprendidas dentro de sus propias casas y reducidas por los delincuentes. Los investigadores también detectaron la utilización de vehículos que habían sido robados previamente y que después habrían sido empleados para concretar las entraderas y otros delitos.
Las pericias de OITel permitieron establecer datos sobre la ubicación de los dispositivos y vincularlos con lugares relacionados con los hechos investigados. Esa información fue presentada ahora ante la Justicia y utilizada por la Fiscalía para reforzar y precisar la acusación.
El adolescente y una discusión que llegó al juez
Uno de los puntos más discutidos durante la audiencia fue la situación del adolescente de 16 años. La Fiscalía lo acusa de integrar la asociación ilícita, pero no le atribuye participación directa en ninguno de los 14 hechos incluidos en la acusación.
Las defensas cuestionaron esa imputación. Sin embargo, el juez Quelín sostuvo que la asociación ilícita es un delito autónomo y que la pertenencia a una organización no exige necesariamente intervenir personalmente en cada uno de los robos.
Según explicó el magistrado, las tareas preparatorias o de colaboración también pueden formar parte de la conducta atribuida a quien integra una organización de esas características. Con ese criterio, los cargos fueron reformulados y la acusación quedó en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal.
Cinco presos y un cerco que todavía no se cierra
El expediente también muestra el peso que tiene la investigación en términos de medidas cautelares. Cinco de los imputados permanecen actualmente en prisión preventiva dentro de esta causa y otros dos tienen colocada una tobillera electrónica.
Además, otros dos cumplen prisión preventiva en otra causa, mientras que los dos restantes permanecen sujetos a distintas medidas cautelares.
La Fiscalía pidió extender el plazo de la investigación penal preparatoria y las medidas cautelares. Las partes llegaron a un acuerdo y el juez dispuso que la prórroga se extienda hasta el 10 de diciembre. También autorizó la realización de ruedas de reconocimiento, pese a la oposición planteada por algunas de las defensas. La causa, por lo tanto, sigue abierta y sumando evidencia.
Uno de los integrantes ya decidió cortar por lo sano y reconoció su responsabilidad mediante un juicio abreviado, por lo que fue condenado. Para los restantes, en cambio, el proceso continúa.
Y mientras los investigadores intentan terminar de establecer qué hacía cada integrante dentro de la presunta organización, los celulares aportaron un dato que puede ser decisivo: algunos de los acusados quedaron ubicados, según la evidencia presentada por la Fiscalía, en los escenarios donde se investigan las violentas entraderas.
