Nicolás Cifuentes fue asesinado de una puñalada en el corazón durante la madrugada del 1 de mayo. Durante la jornada de este viernes, el Ministerio Público Fiscal avanzó en la acusación contra el hombre señalado como el autor del crimen.
La fiscal del caso, Lorena Juárez, explicó que el sujeto utilizó un arma blanca para defenderse de una agresión física iniciada por la víctima, pero que hubo un exceso en ese medio empleado, ya que le produjo una herida en el tórax que le provocó la muerte minutos después.
Además de imputarlo, Juárez pidió que permanezca detenido preventivamente. En la audiencia realizada este viernes al mediodía, la fiscal de Homicidios intervino junto al asistente letrado Maximiliano Jávega y a la funcionaria Cynthia Tobares.
El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos por el delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa, en carácter de autor, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses.
La fiscalía fundamentó la calificación en base a la evidencia obtenida
Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que la víctima comenzó a perseguir y agredir al imputado, a quien no conocía. Cifuentes le propinó un golpe que produjo que cayera al suelo, y allí lo agredió con golpes de puño y patadas. En ese momento, el acusado sacó un elemento punzocortante de entre sus prendas y lo lesionó en una zona vital. "La autopsia determinó que la herida provocó un taponamiento cardíaco y una pérdida masiva de sangre", explicaron.
Durante la audiencia, la funcionaria Cynthia Tobares detalló que hasta el momento reunieron evidencia en base a entrevistas a testigos, análisis de cámaras de seguridad, informes policiales, pericias médicas y estudios de geolocalización del teléfono celular del imputado. Esta investigación permitió reconstruir su recorrido previo y posterior al hecho, además de identificarlo mediante registros fílmicos y tareas de seguimiento que realizó la División Seguridad Personal.
Destacaron que el pedido de prisión preventiva se fundamentó en que existe riesgo de fuga y, en menor medida, peligro de entorpecimiento de la investigación. El asistente letrado Maximiliano Jávega argumentó que "el imputado no tiene arraigo en la provincia, carece de trabajo y domicilio estable y que fue necesaria una extensa tarea investigativa para localizarlo y detenerlo".
La defensa pública no cuestionó la formulación de cargos ni la calificación legal y aceptó la imposición de la prisión preventiva, aunque pidió que se fijara por sólo dos meses mientras se trabaja en la posibilidad de presentar una medida menos gravosa.
