Un empresario acusado de abusar sexualmente durante 19 años de su hijastra, desde que ella era niña, podría recibir una pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. El pedido fue formulado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid durante la audiencia de determinación de la pena realizada este miércoles 13 de septiembre en la Ciudad Judicial.
J.R. fue declarado culpable por un jurado popular de abusar sexualmente de su hijastra durante casi dos décadas. Los hechos, según la acusación, comenzaron cuando la víctima era menor de edad y se extendieron durante su infancia, adolescencia y parte de su vida adulta.
El juicio de cesura comenzó el lunes y concluirá este miércoles 23 de septiembre, una vez que se realice el alegato de clausura de la defensa. Durante la audiencia, el fiscal jefe expuso junto a la asistente letrada Cecilia Sabatte, mientras que el abogado particular que interviene como querellante, Carlos Caroselli, adhirió al pedido de 20 años de prisión.
La fiscalía pidió el máximo de la pena
Breide Obeid explicó que la escala penal aplicable al concurso ideal de los delitos por los que J.R. fue declarado culpable va de 8 a 20 años de prisión. En ese marco, sostuvo que las circunstancias acreditadas durante el juicio justifican la imposición del máximo previsto.
Entre los agravantes, el fiscal destacó la extensión temporal de los abusos, que se prolongaron durante 19 años, además de la diferencia de edad y de poder existente entre el condenado y la víctima. También señaló el aprovechamiento de la convivencia y de la situación de guarda.
La acusación valoró además el daño provocado en la salud física y mental de la víctima. En particular, mencionó una afección crónica y señaló que las pericias incorporadas al juicio acreditaron un trastorno de estrés postraumático complejo, por el que requiere tratamiento y medicación.
Otro de los aspectos considerados fueron las modalidades en las que se desarrollaron los abusos y las distintas formas de manipulación que, según la acusación, fueron ejercidas sobre la víctima durante su infancia y adolescencia. Breide Obeid mencionó el aislamiento, la imposición de determinadas creencias y reglas, el control sobre distintos aspectos de su vida y las anotaciones vinculadas con los abusos que la víctima realizó en cuadernos.
El fiscal también planteó como agravantes las consecuencias que el trauma provocado por los hechos puede tener en la vida adulta de la víctima y en su vínculo con su hijo. A esto sumó conductas que, según la acusación, el imputado habría desplegado durante el proceso con el objetivo de demorar o evitar el juzgamiento.
Como circunstancia atenuante, la fiscalía identificó la ausencia de antecedentes penales computables. Sin embargo, consideró que ese dato no debe reducir la pena en este caso debido a la naturaleza y prolongación de los delitos acreditados.
Un jurado popular lo declaró culpable
El 1 de julio pasado, después de diez jornadas de juicio realizadas en la Ciudad Judicial, un jurado popular integrado por 12 personas declaró por unanimidad la culpabilidad de J.R.
El jurado lo declaró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente. Esta última agravante fue considerada hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad.
Además, J.R. fue declarado responsable por corrupción de menores, en concurso ideal con el delito anterior. Mientras se desarrolla el juicio de cesura, el empresario permanece detenido en prisión preventiva.
Los abusos se extendieron durante 19 años
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal y la prueba producida durante el juicio, J.R. abusó sexualmente de su hijastra durante un período de 19 años. Los hechos ocurrieron principalmente en la vivienda familiar en la que ambos convivían, aunque también se produjeron, según la acusación, en oficinas comerciales del empresario, vehículos utilizados para transportar mercadería y hoteles durante viajes.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal presentó, entre otras pruebas, el testimonio de la víctima, declaraciones de profesionales de la psicología y el contenido de cuadernos secuestrados, cuya información fue expuesta por una integrante de la Policía provincial.
La audiencia de determinación de la pena continuará con el alegato de la defensa. Una vez finalizadas las exposiciones de todas las partes, el juez técnico Marco Lupica Cristo deberá resolver qué pena corresponde imponer a J.R.
