El Consejo de la Magistratura abrió un sumario disciplinario contra la fiscal Julieta Villa luego de que una auditoría detectara 180 armas de fuego y más de 290 secuestros vinculados con armas, municiones, vainas y proyectiles acumulados en la Fiscalía 5 de Roca, pese a que existían disposiciones expresas para que esos elementos no permanecieran en las oficinas y fueran trasladados a los lugares destinados a garantizar su resguardo y la cadena de custodia. La investigación administrativa surgió después del escándalo por la desaparición de 102 armas de la Ciudad Judicial de Roca.
El dato golpea por su magnitud. No se trata de unas pocas armas olvidadas en una dependencia judicial: el relevamiento realizado por la Auditoría Judicial General encontró 180 armas de fuego y un universo superior a los 290 secuestros relacionados con armas, municiones, vainas y proyectiles que permanecían bajo responsabilidad de la Fiscalía 5, a cargo de Villa. Según el informe, la cantidad era incluso superior a la de elementos de similares características almacenados en las oficinas de secuestros de las restantes circunscripciones judiciales.
Pero además había una cuestión todavía más delicada: esas armas no debían permanecer acumuladas en una fiscalía. La Auditoría determinó que existían instrucciones expresas para que los elementos secuestrados fueran derivados a los lugares establecidos para su resguardo, decomiso o destrucción. La finalidad de esas disposiciones no es menor: evitar que pruebas sensibles queden amontonadas en oficinas y preservar en todo momento la cadena de custodia.
En ese contexto, la acumulación detectada en la Fiscalía 5 quedó bajo la lupa. El informe también hizo referencia a requerimientos que no habían recibido respuesta para establecer qué destino debían tener distintos elementos secuestrados. Así, lo que inicialmente podía parecer una cuestión de almacenamiento terminó transformándose en una posible responsabilidad funcional que ahora deberá ser investigada formalmente.
El escándalo que destapó todo
La historia comenzó varios meses atrás, cuando se descubrió que más de un centenar de armas que estaban bajo custodia judicial habían desaparecido de la Ciudad Judicial de Roca, aunque luego también se confirmó que también hay faltantes en Regina. La causa penal por el faltante de 102 armas quedó a cargo del fiscal de Cipolletti Santiago Márquez Gauna y ya tiene personas imputadas. Parte de las armas fueron recuperadas durante distintos procedimientos, lo que permitió reconstruir el recorrido de algunos de los elementos que habían desaparecido.
A partir de ese episodio se abrió una revisión mucho más amplia sobre la forma en que el Poder Judicial de Roca almacenaba, administraba y controlaba los secuestros vinculados con causas penales. Y fue en esa revisión donde apareció otro problema: en la Fiscalía 3 tampoco podían ser localizadas cinco armas de fuego y una tumbera vinculadas con distintos expedientes.
El relevamiento de la Auditoría Judicial General llevó entonces la lupa hacia las distintas fiscalías. Cuando llegó a la Fiscalía 5 apareció una cifra difícil de pasar por alto: 180 armas de fuego permanecían allí, junto con decenas de otros elementos vinculados con investigaciones penales.
La dimensión del hallazgo terminó llevando el expediente hasta el Consejo de la Magistratura. La Auditoría entendió que podía existir responsabilidad funcional de la fiscal Villa y remitió las actuaciones para que se determinara si correspondía avanzar con una investigación disciplinaria. Y el Consejo finalmente tomó esa decisión.
Ahora empieza la investigación contra Villa
El organismo resolvió abrir el sumario y designó como sumariante al abogado Mariano Baraldi. Eso significa que la situación de Villa entra ahora en una nueva etapa, en la que deberán investigarse los hechos, establecerse las eventuales responsabilidades y garantizarse el derecho de defensa de la fiscal.
La apertura del sumario no implica que Villa haya sido declarada responsable de una falta disciplinaria. El proceso deberá determinar si existió una conducta funcional reprochable en el manejo y resguardo de los elementos secuestrados. La fiscal tendrá la posibilidad de defenderse, presentar pruebas y efectuar los planteos que considere correspondientes.
El contraste, sin embargo, es difícil de ignorar: mientras la Justicia investiga cómo fue posible que 102 armas desaparecieran de dependencias judiciales, una auditoría interna encontró que otra fiscalía de la misma ciudad mantenía acumuladas 180 armas y más de 290 secuestros pese a las disposiciones que ordenaban evitar esa situación.
Ahora será el Consejo de la Magistratura el que deberá determinar si esa acumulación fue simplemente una deficiencia administrativa o si detrás de ella existió una conducta que amerite una sanción disciplinaria. Las consecuencias, si se acreditara una falta, pueden ir desde una suspensión hasta la destitución.
