Una disputa entre dos farmacias por la atención durante días feriados y fuera del sistema de turnos escaló hasta convertirse en una violenta secuencia de amenazas, golpes y daños materiales que terminó en los tribunales. La justicia neuquina confirmó ahora la responsabilidad civil de un farmacéutico y sus dos hijos por la rotura de la vidriera de uno de los comercios y otros hechos derivados del enfrentamiento.
El conflicto comenzó cuando la propietaria de una farmacia llamó a un colega para cuestionarle que mantuviera abierto su local en jornadas en las que no le correspondía atender. Poco después, el farmacéutico se presentó en el comercio de la mujer, donde la insultó y la amenazó. Horas más tarde, la pareja de la comerciante fue hasta la otra farmacia y golpeó al dueño, quien respondió arrojando piedras contra la camioneta de su agresor.
La violencia continuó minutos después, cuando los dos hijos del hombre cuyo vehículo había resultado dañado ingresaron a la farmacia rival. Allí golpearon una mampara y rompieron de una patada el vidrio de la puerta de ingreso, mientras en el interior permanecía la esposa del comerciante.
Responsabilizaron al padre y a sus hijos
Al analizar la demanda por daños y perjuicios, la jueza civil María Guadalupe Losada consideró acreditadas dos conductas independientes: la agresión física inicial cometida por uno de los hombres y la posterior rotura de la vidriera por parte de sus hijos. También dio por probado que el dueño de la farmacia afectada había insultado y amenazado previamente a la comerciante y que, tras recibir el golpe, había dañado la camioneta de quien lo agredió.
Sin embargo, la magistrada sostuvo que esos hechos previos no justificaban los daños ocasionados posteriormente al comercio ni configuraban un caso de legítima defensa que habilitara la reacción de los hijos horas después. En consecuencia, responsabilizó al padre y a los dos jóvenes por los perjuicios ocasionados.
El dato que no pueden comprobar
El fallo también rechazó el reclamo de los propietarios de la farmacia que aseguraban haber trasladado el negocio por temor a nuevos ataques. La jueza entendió que no existían pruebas suficientes para demostrar que la mudanza hubiera sido consecuencia directa de los episodios de violencia, ya que no se acreditaron nuevas amenazas ni otros hechos posteriores que respaldaran esa afirmación.
No obstante, sí reconoció el daño moral sufrido por el comerciante y su esposa, al considerar que las agresiones y la destrucción del local les provocaron angustia, preocupación y temor.
La sentencia fue apelada por ambas partes. Los dueños de la farmacia insistieron en reclamar una indemnización por daños físicos, psicológicos, comerciales y futuros que habían sido rechazados. Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones, integrada por Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, confirmó el criterio de la jueza al entender que los planteos reiteraban argumentos ya analizados durante el proceso. Además, los camaristas advirtieron que buena parte de la apelación se apoyaba en citas jurisprudenciales cuya existencia no pudo ser verificada en los sistemas de consulta disponibles, observación que calificaron como especialmente grave.
