Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por comercializar fentanilo, bromuro de vecuronio y otras sustancias medicinales peligrosas a través de redes sociales. La sentencia alcanzó a Luis Emmanuel Benavidez, quien también fue condenado por hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil.
La pena fue acordada en un juicio abreviado y homologada el 4 de septiembre por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros. Benavidez reconoció los hechos atribuidos, su participación, las pruebas reunidas, la calificación legal y la pena propuesta por la fiscalía.
Además de la prisión, recibió una inhabilitación por cuatro años y seis meses para ejercer cargos públicos y trabajar como enfermero.
La investigación comenzó a partir de la denuncia del padre de un hombre de 37 años que murió el 9 de agosto de 2023 después de consumir distintas sustancias. El hombre había señalado a Benavidez como quien le había suministrado fentanilo y bromuro de vecuronio, ambos destinados al uso intrahospitalario.
La presentación llegó al Ministerio Público Fiscal de la Nación en julio de 2025. El análisis del teléfono celular del fallecido, las capturas de conversaciones y un video registrado por su pareja permitieron reconstruir el vínculo entre ambos.
El enfermero ofrecía sustancias por WhatsApp
En los mensajes, Benavidez aseguró que había conseguido bromuro de vecuronio y le explicó al hombre que esa sustancia era “dos veces más fuerte” que el fentanilo. También le ofreció ampollas de fentanilo y le indicó que debía concretar la operación ese mismo día porque tenía otro comprador.
El 9 de agosto de 2023, poco antes de la muerte, el enfermero envió además un audio de 17 segundos con instrucciones para administrar el contenido de las ampollas. En ese mensaje también advirtió sobre el riesgo de una sobredosis.
Después volvió a comunicarse con el hombre, pero ya no recibió respuestas. La víctima fue encontrada sin vida en su departamento. Allí había una jeringa y un frasco de bromuro de vecuronio.
La autopsia no permitió establecer una causa determinada de muerte. El informe señaló que no podía descartarse una relación con causas toxicológicas. La investigación provincial había sido archivada después de que el laboratorio informara que no contaba con técnicas para detectar bromuro de vecuronio y valproato de sodio en sangre.
Los lotes vincularon los medicamentos con PAMI II
Benavidez trabajaba en el Policlínico PAMI II desde 2014. Desde 2016 cumplía funciones en el área de Central de Materiales y Esterilización, dependiente del sector de Farmacia. Según la información aportada por PAMI, sus tareas no incluían la custodia de fármacos ni de estupefacientes.
El 30 de septiembre de 2025, Gendarmería Nacional allanó su domicilio en Rosario y la vivienda de sus padres en Concepción del Uruguay. En la casa del acusado encontraron cuatro ampollas de fentanilo de cinco mililitros, cuatro cajas de bromuro de vecuronio con 99 frascos y 98 jeringas hipodérmicas con agujas.
También secuestraron distintas cajas y blísteres de medicamentos, ampollas de adrenalina, otras sustancias medicinales y una bolsa con material vegetal similar a cannabis.
El análisis de los lotes permitió establecer que el fentanilo y el bromuro de vecuronio encontrados habían ingresado previamente al Policlínico PAMI II. Además, uno de los lotes de bromuro de vecuronio coincidía con el de la ampolla encontrada en el departamento del hombre fallecido.
En la vivienda de los padres de Benavidez, ubicada en Concepción del Uruguay, Gendarmería encontró una pistola Bersa calibre .22, un cargador y 51 municiones. El Registro Nacional de Armas informó que el enfermero no figuraba como legítimo usuario de armas de fuego.
La fiscalía consideró acreditada la comercialización de fentanilo y bromuro de vecuronio, el retiro de medicamentos del Policlínico PAMI II y la tenencia ilegítima del arma. Para establecer la pena, tomó como agravantes la cantidad y variedad de sustancias secuestradas, el desvío de medicamentos desde su lugar de trabajo y el aprovechamiento de su condición de enfermero.
Como atenuante se tuvo en cuenta que Benavidez no tenía antecedentes penales. La condena quedó fijada en cuatro años y seis meses de prisión, junto con la misma cantidad de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la profesión de enfermero.
