Dos hombres fueron acusados de integrar una maniobra de venta de estupefacientes en Zapala, luego de que una investigación judicial detectara movimientos compatibles con la comercialización de droga y permitiera secuestrar 209 gramos de cocaína en una vivienda del barrio René Favaloro. Durante un allanamiento también se encontraron balanzas de precisión, elementos para fraccionamiento, dinero en efectivo, teléfonos celulares y dos vehículos que, según la fiscalía, eran utilizados para realizar entregas bajo la modalidad “delivery”.
El fiscal jefe Matías Álvarez formuló cargos este martes contra L.N.M. y M.N.N.M. por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores. La jueza de garantías tuvo por presentada la acusación y estableció un plazo de cuatro meses para completar la investigación.
De acuerdo con la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de abril y el 21 de mayo de 2026 se realizaron tareas de observación, vigilancia, seguimientos, registros fotográficos y análisis de movimientos financieros. Esas medidas permitieron detectar presuntas maniobras de venta de droga, con personas que llegaban al domicilio investigado, mantenían contactos breves con los acusados y luego se retiraban del lugar.
La fiscalía sostuvo además que los dos investigados utilizaban dos automóviles Fiat Cronos para concretar las ventas y traslados de estupefacientes. El procedimiento que derivó en los secuestros se realizó el 22 de mayo, cuando los efectivos hallaron la cocaína distribuida en distintos envoltorios, además de otros elementos vinculados a la actividad investigada.
En la audiencia, la fiscalía atribuyó a ambos acusados el delito previsto en el artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737, correspondiente a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La defensa, en tanto, solicitó la devolución de los vehículos secuestrados durante el operativo.
La jueza Barbé rechazó por el momento el pedido de restitución de los automóviles y dispuso que, en un plazo de 30 días, la fiscalía analice si corresponde mantener el secuestro de los rodados y presente una respuesta formal ante el planteo realizado por la defensa.
