Hace poco menos de tres años, exactamente el 20 de agosto de 2015, el asesino silencioso, como se le dice al monóxido de carbono, se cobró la vida de una joven de 25 años y de sus dos pequeños hijos (uno de 3 y el otro de 7), que vivían en un modesto departamento de Bariloche.
La Justicia estableció luego que ese asesino (y la tragedia misma) irrumpieron a partir de una serie de deficiencias y conexiones clandestinas en las instalaciones de gas, por las que responsabilizó a la mujer que les había alquilado el inmueble.
La hallaron culpable, pues su desidia contribuyó al fatal desenlace. Ella aceptó su culpa, y la condenaron por la comisión del delito de homicidio culposo agravado; sin embargo, no irá presa.
En efecto, el viernes, el juez Gregor Joos homologó el acuerdo al que arribaron la fiscal Betiana Cendón y el defensor oficial Juan Pablo Laurence; y condenó a Clotilde Irene Marín a la pena de tres años de prisión en suspenso.
A esta mujer se le endilgó haber actuado con negligencia y sin el deber de cuidado, al alquilar esa vivienda (ubicada en Rivadavia al 1.700) con severas deficiencias en la instalación de gas, y sin conexiones autorizadas por Camuzzi Gas del Sur. De hecho, ni siquiera estaban declaradas.
Los investigadores no sólo constataron que la conexión a la vivienda era clandestina, sino que hubo una serie de terribles deficiencias.
Fuentes judiciales dijeron en tal sentido que el conducto de ventilación del termotanque “no descargaba los gases de combustión hacia el exterior, sino hacia adentro de un piso superior inaccesible que hacía las veces de entretecho”.
También dieron por acreditado que el único calefactor de la vivienda tenía obstruida la salida de gases de combustión, por medio de una lata y un par de placas de madera. Mientras que la cámara de combustión “presentaba signos de corrosión y rotura”.
Peor aún, tenía los vidrios de los visores fisurados con la tapa del quemador torcida y abierta, lo que permitía fuga de gases quemados hacia el interior de la vivienda.
Luego de escuchar a las partes, en audiencia oral y pública, el juez consideró válido el acuerdo pleno e impuso la condena, obligando a la mujer a cumplir pautas de conducta durante ese plazo.