El legislador Pablo Barreno presentó en la Legislatura un pedido de informes dirigido al Poder Judicial para que detalle el salario bruto y neto que percibieron los vocales del Superior Tribunal de Justicia durante agosto y septiembre últimos.
La solicitud fue presentada junto a sus pares del bloque del Frente de Todos y de María Inés Grandoso (Kolina) e incluye que se especifique la distribución de la masa salarial entre los trabajadores conveniados de la Ley N° 5009 y los magistrados.
Al respecto, el equipo de "Así Estamos" por Radio Mitre Patagonia dialogó con el legislador peronista, quien explicó que las intenciones detrás de la solicitud consisten en "saber cuánto cobran los magistrados del Superior Tribunal de Justicia en la provincia de Rio Negro para determinar sus gastos".
"El informe se realiza a los efectos de determinar cuáles son sus gastos en salario neto y bruto, teniendo en cuenta las facultades y gastos de representación que tienen: alquileres, celulares, vehículo y combustible", informó Barreno.
Además, denunció una falta de coherencia entre los dichos y los hechos del Superior Tribunal de Justicia rionegrino: "Hace poco el STJ planteó la austeridad en el gasto, pretendiendo que el ajuste se aplique en los trabajadores y no en el cuerpo judicial. Recientemente se sumaron dos vocales más (cinco en total) y los resultados no están a la altura de las demandas sociales".
Al ser consultado por los términos nominales de los salarios que reciben los magistrados, Barreno afirmó que, si bien aún se desconocen las cifras exactas, “las estimaciones arrojan que estarían cobrando más de $ 3.500.000 mensuales sin contar alquileres y gastos varios".
También, acusó una importante brecha salarial entre los jueces y los trabajadores del poder judicial: "Hay un proyecto de ley para saldar esas desigualdades históricas que existen, la relación entre un trabajador y un vocal del STJ está en 10 a 1, cuando históricamente fue 7 a 1. Ante la crisis que atravesamos es necesario que los poderes del estado revean la política salarial”.
"Es un momento propicio para dar el debate sobre la redistribución del ingreso hacia adentro del poder judicial”, concluyó.
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