El tránsito rumbo al cambio de gobierno en la provincia de Río Negro puso bajo la lupa asuntos de los que el mundillo político no habla aquí, en Neuquén. Es decir, de los sueldos de los altos funcionarios y de los nombramientos en los poderes del Estado, especialmente el judicial.
En efecto, legisladores de dos bloques (FdT y Kolina) presentaron un pedido para que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro difunda los sueldos de los jueces de ese Tribunal, como así también los gastos que realizaron y realizan en materia de alquileres, capacitaciones, congresos, celulares, automóviles, gastos de representación y otros.
La iniciativa, que también reclama detalles acerca de la distribución de la masa salarial entre los magistrados y los trabajadores, fue en respuesta a una resolución (la 800/23) con la que la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, suspendió las designaciones de magistrados, funcionarios y empleados (salvo excepciones) y dispuso una suerte de ahorro forzoso.
En Neuquén, la dirigencia no habla de los sueldos de jueces y funcionarios. Pero sí de las “dificultades presupuestarias” del Poder Judicial. Tal es así que, hacia fines de septiembre, la Legislatura aprobó el Fondo de Estabilización de Presupuestos, que básicamente recorta ingresos de la Legislatura y del Ejecutivo para robustecer los del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El fondo en cuestión se nutrirá de un 3% de los recursos de coparticipación nacional (el Ejecutivo y la Legislatura aportarán por partes iguales), tal como lo propuso el proyecto que presentaron el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y la presidenta del TSJ, Soledad Gennari.
Mientras tanto la Justicia mantiene su nivel de compras. Y, tal como publicó Mejor Informado, dispuso de un presupuesto de 180 millones de pesos para la adquisición de computadoras y notebooks. En el expediente administrativo, que se conoció hace unos pocos días, consta que el director general de Informática del TSJ argumentó el pedido en “la necesidad de prever los puestos de trabajo para nuevo personal que ingrese al Poder Judicial, así como el reemplazo de equipamiento obsoleto”.
“Nuevo personal que ingrese”, ese no es un detalle menor. No obstante, lo que genera cuestionamientos es la relación presupuesto-resultados, ecuación cuyo saldo se entiende negativo, pese a que la Justicia tiene los mejores sueldos de la administración pública provincial. Hay quienes dicen que los haberes de los jueces del Máximo Tribunal rondan los 3 millones de pesos, y que los de camaristas, funcionarios con cargos y fiscales jefes rondan los 2,5 millones de pesos.
Pero también están los que aseguran que esos salarios son de hace algunos meses y que, ahora, los jueces y del TSJ cobrarían sueldos de unos 4,5 millones pesos, y que funcionarios y empleados con cargo embolsan cerca de 2 millones de pesos, sumados los beneficios que se apoyan en normas plenas de privilegios para el sector. Se habla de 800 personas en esa situación de privilegio y se sabe que el Presupuesto 2023 fijó en 2.518 cargos la planta de personal del Poder Judicial.
En fin, el hecho es que lejos de cualquier atisbo de optimización, el Poder Judicial neuquino desestima la posibilidad de enfocarse en un uso más eficiente de sus propias instalaciones. El horario estricto hace que la inmensa mayoría de las oficinas queden literalmente vacías a partir de las 14, con la consecuente ociosidad de sus bienes.
Sabido es que la implementación de un turno vespertino no sólo optimizaría el uso de computadoras, internet y demás, sino que, fundamentalmente, descomprimiría el trabajo matutino y evitaría que los vecinos caigan en las redes del entramado burocrático. Se sabe que la Justicia es lenta, salvo para disponer la liberación de sujetos que vuelven a delinquir a las 24 horas de haber sido atrapados y devueltos a la calle.
En mayo de 2022, uno de los jueces del TSJ, Germán Busamia, se refirió al tema durante una entrevista que le realizaron en la AM550. “Llegamos a un límite con procesos diseñados hace 50 años para otra realidad y para otra necesidad”, dijo y agregó: “La mejora no va a venir de la mano de más jueces y más edificios”. “Creemos que la infraestructura que tenemos está sub aprovechada porque son edificios y computadoras que a la tarde no se utilizan”, concluyó. Si acaso se sumaran empleados debería ser para duplicar el horario de atención y no para sumar gastos innecesarios.
El Poder Judicial dispuso, según el Presupuesto 2023, de 40.388.198.671 pesos. Pero, según acusó, le resultaron insuficientes. Así y todo, la optimización de los recursos no aparece en su horizonte y, lejos de ello, proyecta la conformación de nuevas estructuras burocráticas con los consecuentes gastos para el Estado.
Eso lo aleja de la eficiencia y el resultado es un círculo vicioso. Porque, a medida que se distancia de los reclamos de la sociedad, omite cualquier paso hacia la austeridad que requieren estos tiempos. En el Estado, la manta es la misma y lo que se malgasta en burocracia judicial falta, por ejemplo, en insumos hospitalarios.
La provincia de Neuquén tendrá vientos de cambios a partir del 10 de diciembre. Eso está claro. Se verá de qué manera alcanzan a la Justicia, que hasta ahora se mira a sí misma con poca autocrítica.