Además de recibir condenas a 11 años de prisión, por no haber investigado los secuestros, torturas y desapariciones de una veintena de personas detenidas en el Alto Valle durante la última dictadura militar, el exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Victor Ortiz podrían dejar de cobrar sus respectivas jubilaciones, de acuerdo al pedido realizado por el fiscal Miguel Palazzani durante su alegato en el juicio por delitos de lesa humanidad cuyo veredicto dio a conocer el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén este martes 18 de diciembre.
La jueza María Paula Marisi y los jueces Sebastián Foglia y Alejandro Silva, que conformaron el tribunal del juicio denominado Escuelita VIII, calificaron de crímenes de lesa humanidad a la falta de justicia que recibieron personas secuestradas y torturadas durante la última dictadura en Neuquén y Bahía Blanca y sus familiares al no haber recibido tratamiento las denuncias que presentaron en aquellos tiempos ante la Justicia federal.
El tribunal condenó a Duarte como partícipe necesario por los secuestros (privación ilegal de la libertad), como autor por la omisión de la persecución penal y como autor de prevaricato. Por todos los casos, 15 de ellos de desaparecidos. En tanto a Ortiz se lo condenó como autor del delito de omisión de promover la persecución penal, también por todos los casos.
El juicio abordó la responsabilidad de Duarte, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén entre el 8 de julio de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y de Ortiz, procurador fiscal federal entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985, en los delitos de omisión de promover la persecución penal, prevaricato (solo en el caso de Duarte) y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por el uso de violencia y por ser la víctima perseguido político en perjuicio de 23 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas. La fiscalía y las querellas representadas por la Secretaría de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), habían requerido penas de 25 años.
En su alegato, Palazzani había solicitado que se anularan las percepciones “millonarias” que Duarte y Ortíz cobran por haber ejercido como juez y fiscal entre 1976 y 1984 y 1985 respectivamente. El fiscal también había pedido que se remita copia de la sentencia a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se reclame la devolución de lo que "ilegítimamente se pagó como jubilación”.
“El exjuez federal y el exfiscal de la época tuvieron el poder para habilitar, permitir, encubrir y brindar impunidad imprescindible para la concreción del plan criminal que se desató por aquellos años”, precisó Palazzani durante su alegato.
Los jueces anunciaron el envío del veredicto a la ANSES para que se evalúe la jubilación que están cobrando ambos condenados.
“El exjuez federal y el exfiscal de la época tuvieron el poder para habilitar, permitir, encubrir y brindar impunidad imprescindible para la concreción del plan criminal que se desató por aquellos años”, precisó Palazzani. Durante su alegato, describió los operativos de secuestros y también el derrotero de familiares de víctimas en su búsqueda. Todos presentaron habeas corpus ante el juzgado de Duarte.
Duarte había sido designado juez en reemplazo de Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser juez había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro, pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como expresó. Recién en 1982 solicitó la baja.