A 48 años del golpe, Neuquén juzga la complicidad civil en la dictadura

Desde octubre del año pasado se viene realizando en la ciudad de Neuquén un juicio histórico en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Es la primera vez en la provincia que son juzgados ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén dos funcionarios judiciales que actuaron durante esa época oscura de la historia argentina,

El ex juez federal de Neuquén durante la última dictadura cívico militar, Pedro Laurentino Duarte, y el ex fiscal del mismo fuero, Víctor Ortiz, están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad a raíz de diversas actuaciones entre 1976 y 1983, denunciadas por sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos de la región. Están imputados por haber formado parte del plan sistemático de desapariciones en la región.

Este juicio aborda la responsabilidad de Duarte, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén entre el 8 de julio de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y de Ortiz, procurador fiscal federal entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985, en los delitos de omisión de promover la persecución penal, prevaricato (solo en el caso de Duarte) y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por el uso de violencia y por ser la víctima perseguido político en perjuicio de 23 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas.

Duarte había sido designado juez en reemplazo de Carlos Arias, cesanteado por los militares. Antes de ser juez había sido auditor del Cuerpo Profesional del Ejército, función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro, pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”, como expresó. Recién en 1982 solicitó la baja.

Inicio de la causa

La instrucción de la causa comenzó en 2012 cuando desde los diferentes juicios en los que se escucharon testimonios, se fueron remitiendo actuaciones al juzgado de instrucción, por declaraciones de familiares de víctimas de la dictadura o sobrevivientes de los centros clandestinos de detención sobre las presentaciones judiciales y/o encuentros con los magistrados en busca de conocer el destino de los desaparecidos que habían sido secuestrados en la región. Los aportes reprochados contra los ex magistrados consisten en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios judiciales, quienes a sabiendas del contexto en el que ocurrían los hechos, asignaban a las presentaciones de habeas corpus y denuncias de los familiares de las víctimas de secuestros y detenciones ilegales un trámite meramente formal a los expedientes, omitiendo promover las investigaciones y archivando expedientes sobre la base de información falsa.

Bruno Vadalá, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, señaló que “es evidente que el plan sistemático de desaparición forzada de personas, que fue comprobado en los distintos juicios, fue posible porque hubo una complicidad civil y dentro de esa complicidad civil hubo un poder judicial que fue partícipe de ese plan”.

En el mismo sentido, se expresó Juan Pablo Bohoslavsky, doctor en Derecho, experto independiente en derechos humanos y editor de "¿Usted también, doctor?", un libro que aborda desde distintas miradas la complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura.

"El Poder Judicial garantizó la impunidad de los crímenes de la dictadura", aseguró el especialista. Además explicó que funcionarios judiciales durante la dictadura cívico militar tuvieron un doble rol. “Por un lado, garantizar la impunidad de los crímenes a través de una pantomima de hacer como si se investigaba despachando oficial, preguntando al Comando si esas personas estaban detenidas, si recibían la negativa ahí terminaban la investigación y muchas veces cargando con costas a las familias que buscaban a sus familiares desaparecidos. Por otro lado, un préstamo de legitimidad, en el sentido de hacer de cuenta como que hubiera un estado de derecho en Argentina, como si hubiera un Poder Judicial independiente en el país”.

El abogado consideró que se ha tardado varias décadas para el juzgamiento del accionar civil durante la dictadura, argumentando que el movimiento de derechos humanos se concentró primero en los llamados “delitos de sangre”, es decir quiénes fueron los perpetradores y una vez que las responsabilidades empezaron a efectivizarse “se empezó a incorporar a la agenda de Memoria Verdad y Justicia a estos actores civiles que no solamente comprende a los ex funcionarios judiciales sino también a los actores económicos, eclesiásticos, periodistas”.

En el libro, publicado en el año 2015 por Siglo XXI Editores, Bohoslavsky reunió una serie de ensayos y artículos elaborado por reconocidos especialistas que proporcionaron datos inéditos, argumentos sólidos y un intenso debate sobre la complicidad de los jueces de la dictadura que echan luz sobre los mecanismos que la hacían posible: la denegación sistemática de hábeas corpus, la confirmación de la validez de las normas represivas, la instrucción de causas penales fraudulentas para extorsionar a empresarios, el apercibimiento a los jueces de instancias inferiores que realizaban las instrucciones penales o la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres, entre otros.