Lo que empezó como un acuerdo de alquiler de campo entre vecinos terminó en un escándalo judicial que costará una fortuna. Una mujer deberá pagar más de 36 millones de pesos a un productor al que le cerró la tranquera, le cambió el candado y sus animales desaparecieron sin dejar rastro.
El conflicto ocurrió en un campo de 1.515 hectáreas en La Pampa, que había sido alquilado para cría de ganado. En el lugar quedaron 23 vacas, 4 terneras y 4 terneros que nunca más fueron vistos.
El contrato original se firmó en 2017 y vencía en julio de 2020. Aunque legalmente terminó, el productor siguió usando el campo con permiso de la dueña, quien incluso aceptó pagos posteriores. Pero en algún momento la relación se cortó de golpe: ella alquiló el campo a otro productor, puso un candado nuevo y no lo dejó entrar más.
Él intentó recuperar su hacienda, pero ya no pudo ingresar. Reclamó, avisó al SENASA, denunció la situación. El organismo confirmó que los animales seguían dentro del campo meses después del vencimiento, e incluso fueron vacunados en febrero de 2021. Pero tiempo después, ya no estaban. El registro fue cerrado y el rodeo dado de baja oficialmente.
El productor llevó el caso a la justicia civil. Dijo que la pérdida del ganado le había generado un daño económico y emocional enorme, además de problemas con SENASA por no poder cumplir con los controles sanitarios.
La dueña del campo, por su parte, se lavó las manos: dijo que él debía haberse llevado los animales cuando terminó el contrato.
Pero la justicia no le creyó. En primera instancia, un juez de Roca le dio la razón al productor y la condenó a pagar más de 36 millones de pesos. Consideró que los animales desaparecieron mientras estaban en su campo y bajo su control, y que bloqueó el ingreso sin previo aviso. También rechazó una contrademanda de la arrendadora, que la justicia consideró infundada.
Ella apeló. Pero la Cámara Civil de Roca ratificó todo: sostuvo que había pruebas suficientes de que los animales estaban ahí, y que luego desaparecieron mientras ella tenía el control del campo. Las actas, las vacunas registradas por SENASA y los testimonios fueron claves.
Además, los jueces remarcaron que la mujer no colaboró en ningún momento para resolver el conflicto. Cerró el campo, entregó la llave a otro productor y se desentendió por completo del destino del ganado.
La Cámara también validó el pago por daño moral. El productor no solo perdió su capital, sino que además quedó atado de manos para seguir trabajando y fue presionado por organismos públicos por algo que ya no podía manejar.