En una sesión cargada de tensión política y marcada por el retiro del oficialismo del recinto, el Senado de la Nación aprobó dos proyectos fundamentales para las provincias: uno que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otro que elimina fideicomisos financiados por el impuesto a los combustibles, permitiendo que esos recursos pasen directamente a las arcas provinciales. La votación fue contundente: 56 votos afirmativos, con el rechazo de Luis Juez, y con el respaldo explícito de los representantes patagónicos. En este contexto, los tres senadores de Río Negro —Martín Doñate, Silvina García Larraburu y Mónica Silva— votaron a favor de ambas iniciativas, alineándose con el reclamo de los gobernadores por una distribución más equitativa de los fondos nacionales.
El respaldo rionegrino no fue solo numérico, sino también discursivo. Mónica Silva, senadora por Juntos Somos Río Negro, advirtió durante el debate que “estamos volviendo a un debate del siglo XIX, de centralismo versus autonomías provinciales”, y denunció que “nunca vivimos un período de centralismo tan discrecional como el actual”. Su intervención se sumó a la de otros legisladores patagónicos que remarcaron la necesidad de fortalecer los presupuestos provinciales ante la caída de la recaudación y el recorte de transferencias discrecionales. Por su parte, Doñate y García Larraburu, ambos de Unión por la Patria, también votaron afirmativamente, en línea con el bloque opositor que impulsó la iniciativa junto a gobernadores de distintos signos políticos.
Los proyectos aprobados fueron impulsados por 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes reclamaron que los fondos retenidos por el Ejecutivo nacional sean redistribuidos de forma automática y transparente. En concreto, se propone que los ATN se giren diariamente y que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles se repartan según los criterios de la Ley de Coparticipación Federal. Además, se elimina una serie de fideicomisos —como los de Infraestructura Hídrica, Transporte y Vivienda— que, según los mandatarios provinciales, no estaban siendo utilizados para sus fines originales. La iniciativa busca reducir la discrecionalidad del Gobierno nacional y fortalecer la autonomía financiera de las provincias, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y caída del consumo.
El respaldo de los senadores rionegrinos se inscribe en una estrategia más amplia del gobernador Alberto Weretilneck, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por el deterioro de las cuentas provinciales y la falta de inversión en infraestructura. La senadora Silva, que responde directamente al mandatario, fue una de las firmantes de los proyectos y ha mantenido una postura crítica frente al manejo centralizado de los recursos. En declaraciones previas, sostuvo que “no sabemos por qué la Nación se está quedando con esos fondos ni qué está haciendo”, y denunció que los fideicomisos “se han engrosado con los impuestos que pagamos todos y la Nación no los distribuye como dice la ley”.